COLABORACIÓN
Tras los pasos de Fujimori
Ahora ningún juez podrá ser cesado y nadie podrá ser nombrado juez si Kirchner no quiere.
Por: Danilo Arbilla

A Alberto Fujimori, cuando era presidente de Perú, no le gustó una sentencia judicial adversa en la demanda de divorcio que le planteara su ex esposa y poco después el magistrado actuante fue destituido. El juez sustituto reconsideró el caso.

La dupla Fujimori-Montesinos fue la que más claro vio los beneficios que para sus fines podía prestarle un poder judicial sometido. Y así, con el 80 por ciento de los jueces en régimen de “provisorios”, ejercieron la peor y más hábil dictadura del continente.

Actuaban con total impunidad mientras los tribunales se ocupaban de los opositores y la prensa independiente dictaban las “sentencias” necesarias. Fujimori, en tanto, con cara de “yo no tengo nada que ver” citaba a Montesquieu y hablaba de la separación de poderes.

El comandante Hugo Chávez, viejo amigo de Montesinos, rápidamente se adhirió a la fórmula. También en Venezuela el 80 por ciento de los jueces son “movibles”, según un informe de la Comisión de DD.HH. de la OEA. La justicia se ocupa de los enemigos del Gobierno: sale a la caza de los conspiradores, e investiga casos de periodistas “involucrados” en el narcotráfico o en el asesinato de un fiscal. No importa si no hay pruebas o si los testigos merecen cero credibilidad.

Ahora el que sigue esos pasos es el presidente argentino Néstor Kirchner, que acaba de promulgar una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, por la que el gobierno de turno adquiere en ese cuerpo un poder decisivo.

A partir de ahora ningún juez podrá ser cesado y nadie podrá ser nombrado juez si Kirchner no quiere. No es poco y a eso se suma que desde que asumió ha forzado el cambio de por los menos tres miembros de la Suprema Corte. Es cierto que ésta era “menemista” y muchos fueron designados por el ex presidente y actuaban como sus protectores, pero ahora hay quienes ven el riesgo de que pueda pasar a ser “kirchnerista”.

En los tres casos citados, cada uno de ellos llegó al Gobierno como consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales y el debilitamiento de las instituciones republicanas, entre ellas el Poder Judicial. Por esto fue que las “limpiezas” judiciales en un principio merecieron aplauso. Hoy eso ya no se ve tan claro.

Human Rights Watch reclamó a Kirchner por este tema: su director para las Américas, José Miguel Vivanco, en carta al presidente argentino dijo que la ley parecía destinada “a erosionar la confianza pública en la independencia de las cortes y a debilitar la separación de poderes en Argentina”.

La Prensa y los columnistas políticos y especializados en general fueron muy críticos de la norma y la conducta del Gobierno, el que no respetó límites para “captar” los votos que se necesitaban para aprobar la ley en la Cámara de Diputados.

Para Ámbito Financiero, que en algunas cosas apoya a Kirchner, la ley hace que los ciudadanos se sientan con menos derechos y garantías y recogió lo dicho por una diputada en el sentido de que la reforma aprobada “podría ser el estertor de la independencia de la justicia en la Argentina”.

El Colegio de Abogados apelará por la inconstitucionalidad de la ley y el ex ministro de Justicia y reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra consideró que lo hecho constituye un atropello a la independencia judicial.

Como deslizó un miembro de una de estas organizaciones, “este tipo de cosas son las que hacen dudar de la sinceridad y del real interés de los Kirchner por los derechos humanos, con los que tanto se llenan la boca”.