Sociedad armada, población violenta
La portación ilegal de armas de fuego se ha convertido en una epidemia que genera violencia, con el amparo de un débil marco legal. Aunque son muchos los casos que llegan a tribunales, las condenas son mínimas
Por: Julio Lara, Olga López, Leonardo Cereser, Coralia Orantes

La Ley de Armas y Municiones, que regularía la portación de armas en el país, se encuentra en tercera lectura en el Congreso de la República. Foto Prensa Libre: Erlie Castillo.

Las armas están por todas partes, las tiene el Ejército, los policías, los guardias de seguridad privada, pero también están en poder de narcotraficantes; guardaespaldas, delincuentes comunes, pandilleros y civiles.

Aunque nadie sabe con exactitud cuántas armas circulan ilegalmente en el país, este fenómeno se traduce en una sociedad violenta en donde mil 011 personas han muerto, en lo que va del año, a causa de proyectiles de arma de fuego.

Un estudio del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible establece que más de 800 mil armas, desde ligeras hasta fusiles de asalto, circulan de manera ilícita en Guatemala, mientras que el Programa de Seguridad y Construcción de la Paz, de Alerta Internacional (AI) y las Naciones Unidas sostienen que en el país hay, al menos, 1.5 millones de armas ilegales, cifra que contrasta con las apenas 19 mil 193 licencias que emitió el Departamento de Armas y Municiones en 2006, y de enero a julio de 2007.

Las deficientes investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), así como la débil legislación, propician que cualquiera pueda adquirir armas ilegalmente, y que cuando es capturado por portarlas, quede libre con el pago de una fianza, y los procesos sean archivados.

Prueba de ello es que de mil 955 procesos que se iniciaron en los tribunales el año pasado por portación ilegal de armas, sólo 70 personas fueron condenadas. Este año, el panorama no es nada alentador, pues de los 663 casos que llegaron a juicio, sólo se han emitido tres condenas.

Eleonora Muralles, de la agrupación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, opinó que la situación se debe a la falta de coordinación entre el MP y la PNC, lo cual se resume en investigaciones deficientes y pocas condenas.

A lo anterior se deben añadir las penas mínimas que establece la Ley de Armas y Municiones para castigar a quienes compran armas en el mercado negro, agregó Muralles, mientras que las reformas a esa normativa duermen en el Congreso, y todo indica que habrá que esperar una nueva legislatura para retomar su discusión.

Para muestra

En los juzgados no es difícil encontrar historias que demuestren la debilidad del sistema para sancionar la portación ilegal de armas, que debería ser juzgada y castigada como un delito grave, pero que comúnmente se soluciona con el pago de una fianza irrisoria.

Ese es el caso de los esposos Guillermo Enrique Girón García y Olga Marina Dionicio, y de su hijo Guillermo Enrique Girón García, quienes el 8 de agosto fueron capturados durante un allanamiento en su vivienda. Allí, la Policía decomisó una subametralladora Uzi, 48 cartuchos para fusil AK-47 y también de calibre 9 milímetros.

A pesar de haber quedado vinculados a proceso por el delito de tenencia y depósito ilegal de armas de fuego ofensivas, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco, pudieron salir al pagar una fianza de Q500, pese a que en el artículo 93 de la Ley de Armas y Municiones se establecen las penas para este delito, y no se especifica ningún tipo de fianza.

“Se tiene que legislar para que existan sanciones más fuertes para quienes porten un arma de forma ilegal, ya que en la actualidad los delincuentes salen, pagando multas”, expresó José Alfredo Calderón, secretario técnico de la Comisión Nacional para la Erradicación de Armas Ilegales. Calificó de “beneficiosa para los infractores” la Ley actual.

Deficiente investigación

Existen registros que demuestran cómo, por más veces que se les capture, el resultado es el mismo. Los presuntos pandilleros Gerson Alexander Vásquez Aceituno y Luis Felipe López Hernández fueron capturados por portar armas en forma ilegal. Como consta en los expedientes 8098/2002, 12717/2004, 3696/2005.

Debido a la débil investigación, Vásquez fue procesado por posesión para el consumo, y luego los jueces le otorgaron la libertad, por falta de mérito. La misma suerte tuvo López, según procesos 9210/2000, 3550/2001 y 12589/2005.

Otro caso que pone en evidencia las deficiencias en la investigación es el proceso 11735/2006: José Fidelino de la Cruz Cifuentes, Nelson Humberto Melgar Gómez, Hugo Leonel Perdomo Sazo, Édgar Osorio Mejía Ayucún y Abelardo Álvarez Chunay fueron detenidos por la Policía cuando intentaban escapar de una vivienda ubicada en el barrio El Gallito, zona 3, el 13 de septiembre de 2006, y quedaron ligados a proceso, ya que en el inmueble las autoridades hallaron dos fusiles de asalto AR 15 y un AK 47, tres granadas y municiones.

El fiscal Luis Fernando Sierra Pacay pidió al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal que los enviara a prisión y los ligara a proceso por cuatro delitos: tenencia ilegal de armas de fuego ofensivas y explosivas, así como municiones, además de la posesión de 18 bolsas pequeñas de mariguana para el consumo.

Pero un mes después, la defensa pidió la modificación de los delitos, con el argumento de que fue la Policía la que llevó las armas y drogas al lugar, y que hubo contradicciones en los informes.

El juez Roberto Peñate modificó los delitos de tenencia y portación de armas ilegales, por el de “encubrimiento propio,” y argumentó que los investigadores no aportaron pruebas que demostraran que las armas pertenecían a los cinco detenidos, pues no existía ningún informe de balística.

Semanas después, al no contar con evidencias, el fiscal Sierra solicitó el sobreseimiento o archivo del proceso.

“No se estableció la procedencia de las armas incautadas (...), no existe razonablemente la posibilidad de nuevos elementos de prueba para concluir que se ejecutó un acto ilícito, razón por la cual, no existe un fundamento serio para solicitar la apertura a juicio, y se solicita el sobreseimiento del proceso”, reza el expediente.

Ante ello, Peñate archivó el proceso, el 2 de mayo de este año.

Casos como este se acumulan por decenas en los juzgados, y el denominador común siempre es el mismo: a pesar de ser capturados portando armas de grueso calibre, la investigación suele ser tan deficiente que los casos se archivan, por falta de sustento.

Tipos de armas

Hechizas.

Controversia: ¿ofensivas o defensivas?

En lo que va de este año se ha reportado el decomiso de 211 armas de fabricación casera o hechizas, pero, por los vacíos legales que existen, los jueces no las clasifican como armas ofensivas y los capturados gozan de criterios de oportunidad.

Aunque en las disposiciones generales del Código Penal se establece que “arma” es todo instrumento destinado a ofender o defenderse y apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor, no todos los jueces consideran que las armas hechizas lo sean.

Francisco de Mata Vela, magistrado de la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia, explica que la interpretación que tiene el Código Penal es clara y que se entiende por arma todo lo que se use para causar daño.

“Sabemos que a veces son cuestiones de interpretaciones judiciales, pero haremos lo posible para buscar el fortalecimiento de dichos criterios y que se siente jurisprudencia”, explica De Mata.

Actualmente, existen tres criterios para juzgar los casos de armas hechizas. En dos sí se clasifican como armas defensivas, debido a la similitud que se tiene con las escopetas y por el tipo de municiones que utilizan.

En el tercer caso, se consideran armas ofensivas, mientras que los investigadores de la Fiscalía contra el Crimen Organizado explican que se podría tipificar el delito de fabricación de armas contra quienes portan este tipo de instrumentos.

Ley estancada

La Ley de Armas y Municiones, que regularía la portación de armas en el país, se encuentra en tercera lectura en el Congreso de la República.

“La Ley está estancada, y no creo que se resuelva antes del nuevo gobierno”, dijo la diputada Nineth Montenegro.

“La razón por la que no ha avanzado y no se ha logrado su aprobación es porque la compra y venta de armas en el mercado negro es un negocio que mueve millones de quetzales. Muchas personas se verían perjudicadas con mayores regulaciones para este negocio”, agregó.

La iniciativa de la nueva ley de armas y municiones fue presentada en febrero de 2004.

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“Somos una bóveda armada”

Juan Carlos Leal, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y miembro de la Comisión del Desarme en Guatemala, explica los logros alcanzados durante los tres años de trabajo, y reconoce que aún faltan recursos, mejores controles y organización.

¿Qué se ha logrado en este tiempo?

Hemos planteado acciones para la reforma de la Ley de Armas y Municiones, destrucción de arsenales, certificaciones por parte de la ONU. Además, se han dado pláticas a jóvenes en situación de riesgo, y de prevención de la violencia, entre otras.

Los hechos demuestran que la violencia aumenta cada día, en especial, por el uso de armas de fuego. ¿Cómo evitar que se den estos casos?

Lastimosamente, sabemos que Guatemala se ha convertido en una bóveda armada, por lo que debemos reforzar los programas, con más recursos, mejores controles en las áreas fronterizas, así como regular la tenencia, y, finalmente, que se tenga mejor organización entre los entes del Estado, pero no queremos que se satanice el tema.

¿A qué se refiere con que se satanice?

Sabemos que la Constitución regula el derecho de tener armas, y con esta comisión no se trata de quitarlas, sino que queremos regular ese derecho de manera correcta y objetiva.

¿Cuántos recursos más se necesitan?

Por lo menos Q3 millones más; Q1 millón por año, para lograr mejorar las campañas de concientización y el desarme completo.

¿Qué pasa con los controles de tanta arma ilegal que se utiliza en el país?

Esperamos que se puedan mejorar las acciones en las fronteras, pues el 70 por ciento de las armas decomisadas son ilegales, y el 30 por ciento están registradas. Aún nos hace falta equipo que pueda ayudar a realizar todas las investigaciones.