HORIZONTES
¿Autonomía municipal?
El problema es más profundo.
Por: Francisco Beltranena

El debate sobre el recurso de inconstitucionalidad total general contra el acuerdo gubernativo 1339-2007 ha comenzado a tocar uno de los puntos más sensibles y neurálgicos que sobre el devenir del Estado de Guatemala se ciernen.

La historia, una en la que el actor principal es el actual alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, comienza a dar visos de convertirse en una nueva zanja que limite el desarrollo para todos los guatemaltecos, y no necesariamente en un conflicto entre autoridades municipales y del Ejecutivo.

Al decir que don Álvaro Arzú es el principal actor, lo digo porque hay que recordar que fue durante su gestión como presidente constitucional de la República, en compañía del ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza Rosales, cuando se emitió el acuerdo gubernativo 44-98, que permitió la organización de Emetra y de la PMT, dentro del marco regulador de la Ley de Tránsito en vigencia.

Las restricciones de horario impuestas por la Corporación Municipal de Guatemala al transporte pesado durante las horas pico, la reciente huelga del transporte pesado y la publicación en el diario oficial del 1339-2007 son el marco aparente en el que se desarrolla el conflicto constitucional.

Sin embargo, y sin pretender ser constitucionalista ni mucho menos, el tema trasciende el nuevo conflicto entre la Ciudad de Guatemala y el gobierno central, porque, de establecerse constitucionalmente que el municipio de Guatemala tiene razón, cualquier otra municipalidad podría actuar de acuerdo con lo que crea su mejor criterio y eventualmente generar una total anarquía dentro del territorio nacional.

Si llevamos a lo ridículo el argumento que defiende la Municipalidad de Guatemala, podríamos, a manera de ficción, imaginarnos que, por ejemplo, el municipio de Villa Nueva –por excelencia industrial– privilegiaría el transporte pesado en detrimento del transporte particular, y las restricciones de circulación la tendrían los carros en las horas pico, y la libertad de paso, los tráileres y camiones. Si el argumento es válido para la Ciudad de Guatemala, indiscutiblemente lo tendría que ser para el caso ficticio que inventamos para Villa Nueva.

Sin embargo, el texto constitucional nos puede servir para formarnos una mejor idea: “Art. 1. El fin supremo del Estado es la realización del bien común. Art. 131. Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce de utilidad pública y por lo tanto, gozan de la protección del Estado todos los servicios de transporte comercial y turísticos, sean terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidas las naves, vehículos, instalaciones y servicios”.

Si la honorable Corte de Constitucionalidad otorgase amparo provisional a la Municipalidad de Guatemala, sería previsible una serie de efectos, entre ellos, de los que se me ocurren: se violentarían normas constitucionales y ordinarias; se fortalecería la posición de las municipalidades, en cuanto a la emisión de disposiciones de observancia general (facultad que únicamente tiene el ente originario de la competencia, en el presente caso, el Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de Tránsito).

Se generaría una anarquía en el país, en cuanto a que cada municipio estaría reglamentando disposiciones de observancia general en materia de tránsito; se daría una pérdida del control de la autoridad y competencia por parte del ente originario de la competencia, que este caso es el Ministerio de Gobernación.

Si España ha padecido con el tema de las autonomías, y a veces parecería que refleja la forma invertebrada a la que de ella se refiriera José Ortega y Gasset, Guatemala estaría mostrando una debilidad peor, debido a la falta de fortaleza de sus instituciones. Como vemos, el problema es más profundo que el simple hecho de la disputa.

Se trata de un diferendo constitucional, uno que pone en peligro la misma esencia de la organización del Estado guatemalteco, y cuyo fallo puede abrir a tenebrosas manifestaciones de autonomía que resultarían en un estado total de ingobernabilidad. A veces, escondidos en lo que parecen berrinches de las autoridades electas, se encuentran temas de gran profundidad que los guatemaltecos conscientes deberían conocer.

Total, lo único que está en juego es nuestro país. ¡Hasta la próxima!