Juez Pedraz está decepcionado por falta de cooperación de Guatemala en investigación

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz expresó hoy su decepción porque la justicia de Guatemala “no quiera colaborar“ en la persecución del genocidio perpetrado por militares en ese país en los años 80, aunque aseguró que su investigación “sigue adelante“.

Fuentes jurídicas aludieron hoy al malestar y “sorpresa“ del magistrado español ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia del país, de anular un proceso judicial abierto contra cinco militares y dos civiles guatemaltecos acusados de genocidio.

Pedraz proseguirá con la investigación, aunque no ha decidido todavía qué iniciativas adoptará, porque, según las mismas fuentes, la resolución del tribunal guatemalteco no afecta a la causa iniciada en España.

Mantiene asimismo “vigentes“ las órdenes de captura con fines de extradición de esas siete personas.

Los acusados son el general retirado Ángel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas, además de los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez.

El juez tomará declaración en la Audiencia Nacional a partir de febrero a 30 testigos de Guatemala, entre ellos familiares y víctimas del genocidio, que comparecerán ante él en grupos de diez.

Los diez primeros serán interrogados entre el 4 y el 8 de febrero, el segundo grupo lo será del 3 al 7 de marzo y el tercero, entre el 5 y el 9 de mayo.

Según el fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la Audiencia Nacional española no tiene competencias para juzgar a guatemaltecos y quedan sin efecto las órdenes de detención.

Esta resolución judicial “echa atrás“ la decisión adoptada en noviembre de 2006 por el Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala que había avalado la solicitud de extradición cursada por la Audiencia Nacional.

Las diligencias que tiene abiertas el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en relación con esta causa se refieren, por un lado, a la presunta participación de los siete acusados en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde hubo 37 muertos, y, por otro, a su implicación en delitos de genocidio en la década de los 80.

El procedimiento se inició en España a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999 contra los siete militares y civiles, a los que acusó de genocidio, torturas y terrorismo de Estado. - EFE