Al menos el 50 por ciento de las organizaciones no gubernamentales incluidas en el Presupuesto General de la Nación del 2008 podrían quedarse sin nada, por no haber cumplido con los requisitos de firmar convenios y solicitar desembolsos antes del 31 de marzo.

Manuel Baldizón, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que las organizaciones que no requirieron los fondos a tiempo perderán las asignaciones. “Se prescribe el derecho”, aseveró el legislador.

Esto significa, dijo, que el dinero irá al fondo común, donde se depositan los montos del erario que no han podido ser ejecutados por las diferentes entidades.

El legislador aclaró que podría haber algunas excepciones, ya que algunas ONG cumplieron con llenar los trámites a tiempo, pero, por ahora, no han recibido respuesta, lo cual —destacó— no es culpa de éstas.

El Presupuesto general de la Nación asignó fondos a un número no determinado de ONG, de dos maneras: por medio de asignaciones especiales —artículo 44 de la Ley del Presupuesto—, y a través de partidas incluidas dentro del presupuesto de Egresos de algunos ministerios y entidades públicas.

La norma establece que para poder recibir los fondos, las ONG debían suscribir un convenio y solicitar el dinero a la entidad correspondiente, antes del 31 de marzo. El plazo ya se venció y, según Baldizón, al menos un 50 por ciento no concretó el trámite, por diversas razones.

Posturas encontradas

El Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) no está de acuerdo con Baldizón con que el dinero se pierde y va al fondo común. En una respuesta oficial, explica que el mandato expreso del Congreso de la República, para trasladar los fondos asignados de los ministerios a las ONG respectivas, se debe cumplir, que la fecha del 31 de marzo no es perentoria y que lo que en todo caso se dará “es un retraso en los desembolsos a las organizaciones que se excedieron de la fecha establecida para firmar los convenios”.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, dijo que la ley es clara en cuanto al plazo, de manera que sancionará a los ministerios e instituciones públicas que firmen convenios después del 31 de marzo. Advirtió, además, que fiscalizará los fondos asignados a las ONG, para certificar que el dinero sea manejado en forma adecuada.

Desorden evidente

Después de consultar a varias ONG e instituciones públicas, acerca del avance en la firma de los convenios y el destino que tendrían los fondos, fue difícil obtener una respuesta clara.

De todos los ministerios con asignaciones para las ONG, el de Finanzas fue el único que solicitó, por escrito, a la Contraloría General Cuentas (CGC), opinión sobre la forma en que debía suscribir convenios para poder hacer los aportes a las instituciones sin fines de lucro bajo su cargo.

La petición —a la que según Finanzas, la CGC respondió tarde y en forma incompleta— se hizo el 26 de marzo, cinco días antes del vencimiento del plazo, lo cual, en opinión de Mencos, “es una irresponsabilidad” de ese Ministerio, por haber consultado a última hora.

Otro ejemplo de descontrol, se evidencia en el informe que la Contraloría envió a Finanzas, en el cual la Asociación Civil Dulce Refugio, Ministerio de Ancianos, Flores, Petén, adscrita al Ministerio de Finanzas, con una asignación de Q28 millones 500 mil, aparece como una de las entidades sin registro, cuando, según su representante Sonia de Pleitez, el año pasado recibió Q1 millón 200 mil del presupuesto del 2007.

De Pleitez aseguró haber concluido el trámite en la CGC, y criticó el desorden administrativo. “¿Cómo es posible que las autoridades no estén enteradas?”, cuestionó.

Ingrid Cárdenas, portavoz de la institución, comentó que revisaría el expediente un día después, y confirmó que se trataba de un error cometido al elaborar el informe.

Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, esto evidencia la falta de control que hay sobre los fondos públicos. “La Contraloría está obligada a darle seguimiento a ese dinero”, enfatizó

Medidas por tomar

Expertos consultados opinaron que una de las salidas viables es que el Ejecutivo pida al Congreso de la República que quite “el candado” y se amplíe el plazo para la suscripción de convenios, sin descuidar las medidas de control. De esta forma se evitará que el dinero sea enviado al fondo común.

Pero para ello, primero es necesario identificar cuántas instituciones están realmente en esa situación, ya que hasta ahora no se ha podido cuantificar el monto que está en peligro ni la cantidad de ONG que reciben dinero del Estado.

El Ministerio de Finanzas prevé, como uno de sus grandes desafíos, evitar asignaciones especiales en el próximo presupuesto, mientras que Rafael Espada, vicepresidente de la República, adelantó que el Gobierno evaluará excluir algunas ONG del presupuesto, por considerar que hay dudas sobre su labor.

“Hay personas que hacen buen trabajo, pero otras que están manipuladas. Por eso estamos tratando de evitar a algunas ONG. Se va a evaluar rechazarlas, porque creo que no están bien manejadas, pero no quiero generalizar”, destacó.

Poco más del 30 por ciento del presupuesto es ejecutado por medio de ONG u otro tipo de entidades, que sustituyen, así, a instituciones públicas que han sido creadas para efectuar esas tareas.