El Gobierno ha anunciado la unificación de los fondos sociales y la redirección de sus objetivos y estrategias, no así la concentración de los recursos, pues cada institución continuará con el presupuesto asignado.

Aunque el Ejecutivo todavía afina detalles para establecer la dinámica de los fondos sociales, cada dependencia tendrá un subdirector y continuará con su propio presupuesto, pero la cabeza estará en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

Obdulio Solórzano, nuevo director de Fonapaz, comentó que las instituciones habían perdido su razón de ser. Respecto de cómo se unificarán los fondos, dijo que todavía se analizan los pasos legales que deberán darse para que todo se centralice a través de Fonapaz.

El plan es que esta institución interaccione además con el Consejo de Desarrollo de Cohesión Social — Salud y Educación, y la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente—. “La propuesta final, que aún se está afinando, será presentada esta semana por el presidente Álvaro Colom”, explicó Solórzano.

Los fondos sociales se establecieron en América Latina en la década de 1980, para combatir la pobreza y pobreza extrema.

En Guatemala se crearon tras la firma de la paz en 1996, para atender a las poblaciones desarraigadas y pobres, y se les otorgó su propio presupuesto; sin embargo, perdieron el espíritu que los vio nacer y ahora gestionan de todo y para todos.

En el presupuesto del 2008 se asignó a siete instituciones de este tipo más de Q1 mil 300 millones. En años anteriores, sólo la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) manjó hasta Q1 mil millones a través de los consejos de Desarrollo.

Politización

El poder discrecional que tienen los funcionarios a cargo de estas instituciones ha sido cuestionado; los acusan de politizar algunos proyectos. Ejemplo de ello es el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural, creado por el Congreso y ejecutado a través de la SCEP. En el 2006 se distribuyeron discrecionalmente Q200 millones en obras.

Otro de los señalados es el Fondo Guatemalteco para la Vivienda. La Contraloría General de Cuentas determinó que esta institución fue utilizada por diputados, funcionarios y alcaldes, para clientelismo político.

El Fondo de Inversión Social no se libra de los señalamientos. Un informe del Consejo de Instituciones de Desarrollo da cuenta de que la infraestructura ejecutada por aquella entidad, entre el 2003 y el 2005, corresponde a intereses políticos, y que de Q848 millones invertidos, sólo el 9 por ciento se destinó a programas de desarrollo socia.

La ineficiencia de los fondos sociales ha sido reconocida hasta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha recomendado que desaparezcan.

En la propuesta de reforma de modernización del Estado del gobierno anterior, también se planteó unificar los fondos sociales. Patricia Orantes, ex secretaria de Planificación General y Programación de la Presidencia, dijo que la idea era que respondieran a políticas públicas, de salud, de seguridad alimentaria y de ayuda a los sectores más pobres.

Recomendó a las nuevas autoridades mayor control sobre Fonapaz y la SCEP, ya que al contar con los mayores presupuestos, es donde más se politiza la asignación de los proyectos.

Victoria Cúmez, del movimiento de mujeres indígenas Tz’ununija, espera que Colom no politice las instituciones y que sus promesas se cumplan y no se quede en discurso. “Queremos que se respeten las instancias que fueron creadas a partir de los acuerdos de paz, para ayudar a los indígenas, mujeres, y grupos marginados”, expresó.

Para dar continuidad a su política de desarrollo rural, por lo menos, Colom tiene el compromiso de que en su administración contará con US$1 mil millones, para proyectos de desarrollo. Esto se confirmó el día de la toma de posesión, durante una reunión con Luis Alberto Moreno, presidente del BID.