El ex diputado Héctor Augusto Loaiza está prófugo de la justicia, sindicado de crear una banda del crimen organizado —integrada por policías, particulares y familiares— que robaba de dos a tres camiones que transportaban combustible cada mes, durante tres años. El Ministerio Público (MP) cuenta con pruebas contundentes en su contra, a las cuales tuvo acceso Prensa Libre.

Según el informe, la ruta al Pacífico era el escenario perfecto para operar, debido a la confabulación que existía con agentes de la Policía encargados de dar seguridad al sector. El MP dice que eran las piezas operativas principales de los atracos.

“Los agentes integraban una mafia que actuó con impunidad durante varios años, y sumó jugosas ganancias por medio de vender combustible robado en por lo menos tres gasolineras que aparentaban ser negocios lícitos para el consumidor”, afirmó el fiscal Rony López.

Datos de la Gremial de Transporte Especializado de Combustible dan cuenta de que en el 2005 aumentaron los atracos en esa ruta, y que después de la captura de los miembros de esa banda, mermaron considerablemente.

Se calcula que la banda robaba de dos a tres cisternas por semana, con ocho mil o 10 mil galones de combustible. Ganancias que, según las pesquisas de la Fiscalía, eran de unos Q216 mil por cisterna.

Tras las denuncias, el MP inició una serie de investigaciones que los condujeron a Loaiza, pero por ser diputado, fueron cautelosos; sin embargo, las evidencias eran cada vez más contundentes.

En los lugares cercanos a la gasolinera del diputado, se localizaron varios de los furgones y plataformas robadas. Inclusive, en los últimos allanamientos ejecutados se localizó un cuaderno con una lista, a mano, donde se enumeraban las fechas de los atracos cometidos por esa organización.

A pesar de que ya fueron condenados cuatro policías, López considera que existen más involucrados en los robos, y que no pararán hasta dar con ellos.

Sin fiscalización

Otro hecho que viene a confirmar los negocios ilícitos del ex diputado es que desde el 19 de agosto del 2003 su gasolinera se encontraba en situación de cancelación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tal como lo establece el informe enviado a la Fiscalía el 30 de julio del 2007.

A pesar de ello, Loaiza seguía vendiendo combustible en sus gasolineras ayudado, según la Fiscalía, por sus testaferros José Arturo Tinti Sarceño y Daniel Santos Domínguez, quienes emitían facturas falsas.

Además de vender gasolina, distribuían a otras empresas combustible por mayor. Hay pruebas que indican que se abasteció a la gasolinera ubicada en la 2a. avenida y 23 calle, zona 1.

Las investigaciones establecen, por medio de los reportes del Registro Tributario de la SAT, que Loaiza, Tinti y Santos Domínguez usaban la misma dirección de la gasolinera ubicada en la avenida Petapa, con nombres diferentes: Petrogás de Guatemala, Petrogás y Petro-Gas.

“La finalidad era operar los tres negocios al mismo tiempo, con el mismo inventario de producto; usar los mismos tanques de almacenamiento, para que contablemente les fuera difícil cuantificar qué producto pertenecía a cada persona”, explicó el fiscal.

Hasta el momento, la SAT nunca reportó acciones anómalas del diputado o de sus testaferros, pero se ha determinado que éste evadió al fisco.

El Ministerio Público pidió a la SAT que haga auditorías fiscales de la familia de Loaiza y sus allegados, con el fin de establecer el monto de la defraudación. “Ninguno pudo presentar documentación que establezca de manera legal de dónde sacaron el combustible que vendían”, detalló López.

Otro de los negocios familiares que simulaba la compra venta de los carburantes es el ubicado en la 0 calle, 12-30, aldea Acatán, Santa Rosita, zona 16, cuya propietaria es Patricia Loaiza, hija del ex congresista.

La Fiscalía ha establecido que las ganancias eran depositadas en diferentes cuentas bancarias, con el supuesto fin de lavar el dinero obtenido por el robo de la gasolina.

Para la Fiscalía, el mayor beneficiado fue el diputado Loaiza, prófugo desde el 15 de enero último, y quien es investigado por robo agravado, contrabando, defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.

Una de las evidencias contundentes contra Loaiza es que Texaco rompió relaciones con él y dejó de suministrarle combustible a la gasolinera ubicada en la avenida Petapa, 49-30, zona 12, lugar donde el 6 de mayo de 2006 se encontró una pipa con más de ocho mil galones de combustible robado.

Loaiza había adquirido una deuda de unos US$25 mil por alquileres atrasados.

El error de la banda

Según el MP, era tan común el trabajo que realizaba esa banda, de vigilar los transportes, montar supuestos operativos, que ya no se preocuparon de perfeccionar los detalles, y por una llamada de una de las víctimas, fueron detectados.

Ese 6 de mayo, el conductor de una camión, al ver que era perseguido desde el kilómetro 22 ruta el Pacífico por unos agentes de la Policía, decidió llamar al operador de la compañía que representaba y explicarle lo que sucedía, fue así como éste dio aviso al 110 de la Policía, y se inició la búsqueda.

López considera que esa llamada fue clave para dar con la banda, de ahí empezaron a investigar las llamadas telefónicas entre los sindicados, y poco a poco fueron dando con los integrantes.

También gracias a los enlaces de comunicaciones telefónicas, determinaron la forma de operar de la banda y cómo planeaban los asaltos. Sin embargo, las evidencias más contundentes son las pipas abandonadas y la detención in fraganti descargando combustible robado en la gasolinera del diputado.