Guatemala, 21 de enero de 2008
“Los emplazamientos impiden depurar a los empleados públicos y que el nuevo gobierno elija a los mejores para los diferentes cargos”, opinó Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
“Son medidas permitidas y respaldadas por las leyes laborales, que a la larga dificultan el fortalecimiento del sector público”, aseguró.
Maúl consideró urgente que se reforme la Ley de Servicio Civil, para facilitar la selección “de los mejores candidatos a un cargo y la profesionalización de los servidores públicos a través de una carrera de servicio civil”.
Hasta ahora, las iniciativas en ese sentido no han prosperado en el Congreso.
Mientras, al nuevo gobierno le tocará “pelear” por poner fin al emplazamiento, o seguir pacientemente los trámites para que un juez autorice los despidos, afirmó Maúl.
Por Ana Lucía Blas
A una semana de haber asumido sus cargos, los ministros de Estado tienen ante sí un gran reto: solventar el emplazamiento que les impide despedir trabajadores sin autorización de juez, para así depurar el personal que labora en las dependencias del Gobierno.
Aunque muchos funcionarios han comenzado a anunciar que evaluarán el desempeño de los servidores públicos para depurar a quienes no cumplan con sus tareas, tienen las manos atadas.
El memorial 5,326, emitido por el Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social el 7 de diciembre del año recién pasado, ordena a todos los empleadores públicos no despedir a nadie a menos que un juez lo autorice previamente.
Las dependencias emplazadas son el Estado de Guatemala, instituciones autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Municipalidad de Puerto Barrios y Universidad de San Carlos.
La resolución judicial obedeció a una demanda presentada por el comité ad hoc de la Coalición de Trabajadores Jubilados y Pensionados.
Esa resolución se suma a otros emplazamientos a algunas carteras en particular, como la de Trabajo, promovido por su sindicato, en demanda de un pacto colectivo. El ministro Édgar Rodríguez ya ha ofrecido que negociará ese pacto este mismo mes, para solventar el enfrentamiento con el sindicato.
El emplazamiento tiene su fundamento en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, en los que se establece que desde el momento en que los trabajadores entreguen un pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto con el empleador, para que ninguna de las partes pueda tomar represalias contra la otra ni impedirle el ejercicio de sus derechos. A partir de ese momento, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por el juez respectivo.
El récord de emplazamientos lo tiene la Dirección General de Migración, que desde 1973 sólo puede despedir a sus trabajadores si lo respalda una orden judicial.
El Gobierno tiene 194 mil puestos de trabajo. El ministerio que más empleados tiene es el de Educación, con 129 mil 229; le siguen Gobernación, con 29 mil 756, y Salud, con 21 mil 805.
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