A CONSECUENCIA DE LOS aumentos sin precedente alguno, sufridos por el precio del petróleo en los últimos meses, el mundo entero se encuentra a la merced de un muy pequeño grupo de compañías y de personas poseedoras de la capacidad para controlarlo. Uno de los efectos más claros lo representa la empresa Exxon, cuyas ganancias alcanzaron una suma cercana a los US$40 mil millones. Con ese dinero sería posible darles a todos o cada uno de los guatemaltecos US$3 mil cien, es decir Q23 mil. Esto es una prueba de que en determinadas áreas y circunstancias, la ley de oferta y demanda como panacea para arreglar los abusos en el aumento de precios, simplemente no funciona y debe actuarse de otra manera.

SI LLEGAMOS A LA conclusión de la imposibilidad de aplicar esa ley económica en la totalidad de los casos, es entonces necesario pensar en cuáles medidas se deben tomar para evitar el objetivo económico fundamental del sistema capitalista, al menos según la teoría sustentada por sus defensores: el beneficio de la mayoría. Esto se logra, según esta manera de pensar, en dejar sin control estatal alguno a todas las actividades económicas, y sobre todo en relación con los precios, uno de sus elementos fundamentales en lo referente a la capacidad de la población de beneficiarse de la actividad privada. Y la teoría, aplicada de manera simplista, lleva a la conclusión de la necesidad urgente de reducir a su mínima expresión o de eliminar el Estado.

SIN EMBARGO, LOS PAÍSES donde el Estado es fuerte, como por ejemplo Europa Occidental, son aquellos en los cuales funcionan mejor las fuerzas de la oferta y la demanda. La actividad económica en manos privadas está basada en el principio de obtener beneficios de una actividad a su vez dirigida a dárselos a los consumidores a través de precios razonables. En el caso de América Latina, el asunto es un poco distinto. En esa zona las actividades económicas estaban en muchos casos en manos de entidades estatales, ajenas por tanto a las presiones de la libre competencia, y por ello sin la preocupación de funcionar de manera eficiente y con calidad. Por eso fue bien vista la idea de la privatización de las empresas estatales, y tuvo algunos beneficios.

SIN EMBARGO, AL DEBILITAR al Estado o alejarlo de su capacidad de intervenir, fue imposible evitar el egoísmo y una de sus manifestaciones más claras: la codicia. Ese es el caso claro de la industria petrolera: hasta este momento no he logrado encontrar a nadie capaz de explicarme por qué han aumentado y seguirán aumentando los precios del petróleo, y especialmente cómo es posible defender a los consumidores de todo el mundo para detener el alza. Pero sobre todo, cómo puede hacerse para evitar el hambre y los demás efectos igualmente terribles para todos los niveles de la población en países como el nuestro, cuya dependencia de los derivados del petróleo se ha visto aumentada por factores como la manera de producir electricidad.

LOS GOBIERNOS DE TODOS los países importadores de petróleo, pero especialmente los grandes, como Estados Unidos, a mi parecer no actuaron como debían, tal vez porque por razones de filosofía económica decidieron confiar en las fuerzas del mercado, en las cuales creen firmemente, para solucionar la avaricia de los productores. No fue posible. Por eso, a mi criterio, la crisis mundial ya empezó a manifestarse y ha llegado el momento de revisar los fundamentos teóricos del balance entre el Estado y la actividad privada en temas estratégicos, como es el petróleo. Quienes tienen acciones de las petroleras constituyen una minoría exigua, con derechos humanos, legales económicos y políticos. Pero también inferiores a los de la inmensa mayoría.