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El miedo es el mejor amigo de los delincuentes, que se aprovechan del clima de terror que se vive en el país para conseguir dinero fácil, y extorsionan a empresarios y particulares. Esta vez le tocó el turno a los colegios y escuelas de La Reformita, zona 12, que en las últimas semanas se han visto acosados por una banda que les exige el pago mensual de entre Q4 mil y Q10 mil.

Los directores de los colegios y escuelas del barrio La Reformita han entrado en pánico, después de que un grupo de jóvenes fuertemente armados les exigieran el pago de una extorsión, para evitar “daños mayores”.

El primero en verse afectado por esta amenaza fue el Colegio Franciscano P. Eloy Suárez Cobián, que desde el 8 de mayo tiene cerradas sus puertas, por miedo a que le pueda suceder algo a uno de sus estudiantes, quienes un día antes vieron un automóvil con hombres armados, en la puerta del establecimiento.

“Este año no hubo celebración del Día de la Madre; nos citaron para comentarnos que iban a cerrar una semana, por seguridad”, dijo una señora. Ahora, su hijo, de 12 años, tiene miedo de regresar a clases. En el colegio les han dicho que no hablen con nadie, y que lo primero que tienen que hacer cuando lleguen a su casa es quitarse el uniforme.

Aunque ninguno de los directores de los planteles ha querido aportar información sobre lo que está sucediendo, el tema ha corrido de boca en boca por el barrio, y los vecinos ya han dado la voz de alarma.

En la reunión que tuvieron este lunes, los encargados de los colegios hablaron del problema, pero no tomaron ninguna solución en conjunto. Las opciones que se analizaron estaban entre pagar la extorsión, denunciar el caso u obviar las amenazas. Cada plantel decidirá de forma individual.

De momento, tres de los colegios ya han solicitado seguridad a la Policía Nacional Civil. Luis Sul, jefe de Patrullaje Motorizado, aseguró que ya se ha coordinado la vigilancia en esos establecimientos.

“De momento nos han pedido ayuda el Eloy, el Villarreal y el Cedro. Estaremos presentes a la hora de entrada y de salida de los estudiantes, para evitar cualquier problema”, refirió Sul.

Pero la situación va más allá de la vigilancia de los planteles, ya que en muchos casos la extorsión se exige por teléfono, y directamente al dueño o director del colegio.

“Para dar con las bandas que operan en esta zona, necesitamos la colaboración de los vecinos, pero nadie quiere hablar del tema. Igual sucedió con los grupos de robacarros que delinquían en el área”, añadió Sul.

De acuerdo con el jefe policial, puede presionarse a las bandas para que cesen en sus acciones en el lugar, pero se trasladarán a otro, y seguirán delinquiendo, si no se les detiene.

De momento, ninguno de los colegios ha presentado denuncia en el Ministerio Público, por lo que la posibilidad de que las autoridades intervengan es escasa.

Según cuentan los vecinos, antes de la generalización de las amenazas ya habían sido cerrados un par de colegios en la zona, debido al mismo problema, entre ellos, el Happy World, ubicado en la 19 avenida y 29 calle de la colonia Santa Rosa II.

Otros planteles han optado por contratar seguridad privada. Los agentes se mantienen apostados en la entrada , y no permiten que los autos se estacionen frente a las puertas.

Uno de los encargados comenta que la situación es normal. “Primero le tocó a las tiendas, después a las empresas más grandes, y ahora a los colegios”.

Algunas escuelas, como República de Puerto Rico, también han tenido problemas, cuenta uno de los profesores. En el Ministerio de Educación nadie sabe nada de ello.

En Villa Nueva, la Comisaría Modelo ha puesto en marcha un plan de vigilancia en las escuelas, a fin de evitar extorsiones y presiones de los pandilleros sobre los estudiantes.

Según Samuel Rivera, impulsor del proyecto y miembro del programa Nas-Led, de la Embajada de EE. UU., desde que empezó a coordinarse la vigilancia de los centros a la hora de entrada y de salida, las amenazas disminuyeron en forma notable.

El único obstáculo que tiene este tipo de iniciativas es que se necesita que haya más agentes dedicados a ellas, para poder dar cobertura total.

Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Jorge Luis Donado, los directores de centros educativos de La Reformita no se han comunicado con él, pero aseguró que sí han conocido casos similares en la Unidad contra Extorsiones.

“Estuvimos trabajando un caso de varios establecimientos educativos que eran extorsionados; se les dio vigilancia policial, y al final pudimos determinar que las amenazas provenían de una cárcel, y que realmente los delincuentes no tenían capacidad de hacerles daño”, dijo.

Donado afirmó que los delincuentes se valen del impacto psicológico que causa la llamada. Por eso, “nosotros intentamos asesorarlos, para que puedan reaccionar lo mejor posible”, expuso. Agregó que la situación de los colegios es más complicada, porque podría estar en riesgo la vida de muchos estudiantes, pero, aún así, enfatizó: “Pagar es el peor error que se puede cometer, porque vas a ser una víctima permanente”.