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Un grupo de sobrevivientes del genocidio cometido en Guatemala en los años 80 viajará el próximo viernes a Madrid, para testificar ante la Audiencia Nacional de España en el proceso que se sigue en contra de siete ex altos cargos militares de este país.

El abogado Benito Morales dijo hoy que el grupo está integrado por seis “testigos sobrevivientes de las masacres”, a los que se unirán en Madrid dos peritos estadounidenses y uno español, que declararán ante el juez Santiago Pedraz, quien dirige el proceso.

Morales, que acompañará a los testigos durante el viaje, forma parte del grupo de abogados que asesora a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en la demanda presentada ante la Justicia española en diciembre de 1999, en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara, y Benedicto Lucas.

También son señalados los civiles Pedro García y Donaldo lvarez; así como el ex presidente Lucas García, y el coronel Germán Chupina, que fallecieron por causas naturales en los últimos años.

Los imputados son acusados de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado durante el primer lustro de la década de los años 80, en el marco de la guerra interna que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, la cual se cobró la vida de más de 200 mil personas, en su mayoría indígenas.

Los testigos, cuyos nombres no fueron revelados, “declararán sobre las matanzas realizadas por el Ejército en el departamento de Quiché”, mientras que los peritos expertos, que tampoco fueron identificados, “explicarán al juez Pedraz los estudios científicos que han realizado sobre la represión en contra de los pueblos indígenas y la forma en que operaron los militares”.

Los seis testigos y los expertos comparecerán en la Audiencia Nacional entre el 26 y el 30 de mayo próximos, y tienen previsto regresar a Guatemala en los primeros días de junio.

Según Morales, con este grupo se completa la lista de testigos que han sido requeridos por el juez Pedraz para declarar en este proceso.

En febrero pasado, 17 testigos guatemaltecos rindieron sus testimonios en la Audiencia Nacional, en Madrid, y la semana pasada concluyó la toma de declaraciones de 29 testigos y sobrevivientes ante el juez guatemalteco Eduardo Cojulum, quien asistió a Pedraz a su solicitud.

Ayer Cojulum envió a la Audiencia Nacional Española, por la vía diplomática, las actas certificadas de las declaraciones recabadas en este país, las cuales serán adherirlas al proceso judicial que se sigue en Madrid.

Morales señaló que para concluir la fase de recolección de testimonios “sólo está pendiente que algunos peritos, entre ellos médicos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y otros expertos, acudan a rendir informes ante el juez Pedraz”, en fechas aún no determinadas.

Sin embargo, lamentó que la fase de sentencia, que seguiría a la de valoración de las pruebas, “podría tardarse muchísimo tiempo”, ya que para que ello “el Estado guatemalteco debe acceder a capturar y extraditar a España a los procesados”.

El abogado cree que después de que el 19 de diciembre pasado la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, declaró la falta de competencia de la justicia española para conocer de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Guatemala, “la extradición se puso cuesta arriba”.

“Estamos seguros de que (la extradición) ocurrirá algún día. No podemos pensar en otra alternativa. Es factible y obligatorio que esto ocurra, pero ello dependerá de la voluntad política de las autoridades guatemaltecas”, precisó Morales.

Lamentablemente, concluyó, “la legislación española no contempla la posibilidad de decretar una sentencia en ausencia de los acusados”.

ACAN-EFE