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En materia de secuestros ahora se han dejado atrás las amenazas y se ha llegado a los asesinatos, señaló hoy la analista de la humanitaria Fundación Mirna Mack, Carmen Aída Ibarra.

“Estamos muy preocupados porque estamos terminando mayo con el afloramiento de dos fenómenos o expresiones criminales como el secuestro y amenazas, los que se vienen a sumar a males endémicos como el asesinato de pilotos (choferes) y mujeres”, expresó Ibarra.

Un caso reciente se registró el pasado domingo cuando una banda plagió a dos sobrinos del diputado opositor Osbelí Gressi y al día siguiente, cuando los trasladaban en un vehículo a otro lugar de cautiverio fueron sorprendidos por la policía y se registró un tiroteo, donde falleció uno de los secuestrados.

El otro caso se registró la semana pasada cuando el cuñado del también diputado opositor Pablo Duarte fue secuestrado y dos días después apareció muerto, supuestamente porque no se pagó el rescate.

En lo que va de año se ha registrado al menos 97 secuestros y 184 extorsiones. Cincuenta y dos denuncias se reportan en las áreas central y sur, 35 en el occidente, seis en oriente y el resto en otros sectores del país.

Asimismo, la activista lamentó que en los primeros cinco meses del año existan 20 casos de amenazas contra magistrados y jueces, así como fiscales encargados de casos especiales.

Anoche un grupo de desconocidos mató a balazos al fiscal distrital de Chiquimula, Rudy Rocael Pineda, de 37 años, mientras que a principio de mes fue ultimado el magistrado de Retalhuleu, José Vidal.

Además, Ibarra considera que el aumento de la criminalidad se dio después del despido del jefe del comando antisecuestro de la Policía, así como del asesinato del ex asesor del ministerio de Gobernación en ese campo, el venezolano Víctor Rivera, acusado de integrar grupos paralelos.

Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indican que del 1 de abril al 18 de mayo han muerto con armas de fuego 525 personas en el país.

AFP