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El Partido Patriota (PP) obstaculizó ayer que el Congreso conociera el dictamen al proyecto de presupuesto del Estado para el 2009, y que éste fuera aprobado de urgencia nacional, como esperaba el bloque oficial. La iniciativa contempla Q50 millones en publicidad de la Presidencia de la República, en radio y televisión.

Los diputados se declararon en sesión permanente, y continuarán con su discusión hoy.

Más de 10 horas de sesión plenaria no alcanzaron al oficialismo para aprobar el presupuesto de la Nación solicitado por el Ejecutivo —Q49 mil 723 millones—.

Hasta los miles de manifestantes que desde temprana hora colmaron las afueras del Congreso para exigir la aprobación de aquél se retiraron sin haber logrado su objetivo.

La oposición —PP, Casa y Encuentro por Guatemala— pidió más tiempo para analizar el dictamen del presupuesto, el cual les fue entregado hasta ayer a mediodía.

Con el argumento de que no tuvieron tiempo suficiente para analizar ese dictamen, el PP recurrió a apelaciones al pleno, razonamiento de votos de sus 26 integrantes, entre otros, con tal de retardar la discusión del presupuesto. Uno a uno hacía uso de la palabra con ese fin.

Pero la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el resto de bancadas parecían no estar dispuestas a ceder, por lo que a pesar de que no se logró discutir el presupuesto, la sesión se alargó.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, también criticó que se tratara de aprobar ayer el presupuesto, cuando ni siquiera se había tenido tiempo para evaluar la propuesta que consensuó la Comisión legislativa de Finanzas. “Esa premura provoca suspicacias”, expresó Gudy Rivera, diputado del PP.

Gastos desmedidos

Roxana Baldetti, jefa de ese bloque opositor, señaló que en una primera revisión a esa propuesta se detectó que “hay riesgo de gastos desmedidos. Se planea gastar Q4 mil 500 millones para que los funcionarios tengan vehículos nuevos, mientras el pueblo muere de hambre”, citó.

Durante más de 10 horas, ese partido evitó, con cuestiones previas y apelaciones al pleno, que se discutiera la inclusión del debate sobre el presupuesto.

A eso de las 23 horas, tras el fuerte pulso, solo se consiguió aprobar el presupuesto del Congreso, por Q542 millones —que incluye Q101 millones para la Procuraduría de los Derechos Humanos y Q82 millones de ahorros—. Éste forma parte del presupuesto del Estado, por lo que debe ser aprobado antes que el este último. Baldetti pidió que se discutiera ese presupuesto y se aclarara qué va a pasar con los Q82.8 millones que se perdieron este año; en respuesta, Pablo Duarte (unionista) dijo que para eso estaba el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).

El oficialista Léster Reyna casi se iba a los puños con Alejandro Sinibaldi, del PP, por señalamientos en cuanto al dinero perdido.

Algunas asignaciones en el presupuesto llamaron la atención de varios legisladores. Por ejemplo, los Q2 millones que se concederán a la Asociación Guatemalteca de Juristas, que apoyó al diputado Manuel Baldizón, presidente de la Comisión de Finanzas, con marchas a favor de una iniciativa de reforma a la Ley Electoral propuesta por él.

También cuestionaron la asignación de Q10 millones a la Universidad Rural, cuyo rector es Fidel Reyes, ex candidato presidencial y secretario general del partido Bienestar Nacional, del que se rumorea Baldizón habría comprado su ficha.

El lunes recién pasado, Sonia Segura y Óscar Quintanilla, legisladores afines a Baldizón, anunciaron su adhesión a esa agrupación.

Otro de los artículos que generaron dudas es el que fija una asignación de Q50 millones al presupuesto de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para publicidad en televisión abierta y radios con cobertura nacional.

El presupuesto que promueve el Ejecutivo contempla ingresos de préstamos obtenidos de organismos internacionales por Q6 mil 150 millones, el cual ya ha avanzado en su aprobación en el Congreso.

Además, el proyecto de gastos se financiaría con nuevos tributos, como el impuesto de solidaridad, que sustituiría al Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz; otro impuesto a la primera matrícula de los vehículos.

El sector privado organizado solicitó que no se aumente el presupuesto y se deje vigente el de este año —Q43 mil millones—, con el argumento de que les preocupa que la propuesta de modernización fiscal y endeudamiento del Estado, para financiar el presupuesto, repercuta negativamente en la productividad y generación de empleo, durante la coyuntura de crisis económica. “Tenemos 12 días para aprobar el presupuesto, y así nos aseguramos de que sea en beneficio de la población”, dijo el diputado Rivera. El 30 de noviembre es la fecha límite. Al cierre, la UNE intentaba, de nuevo, aprobar el presupuesto general.