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Según Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta para fortalecer la democracia. Pero enfatizó en que para ello se requiere de la participación activa de todos los ciudadanos.

Marroquín considera necesario concienciar a la población para aprovechar los beneficios de la norma vigente desde hoy.

Acción Ciudadana brindará asistencia legal a quienes no obtengan la información requerida de alguna institución pública, y así ayudar a que se garantice el cumplimiento de la citada ley.

Además, promoverá a partir de hoy campañas en radio y en diversos puntos de la ciudad, para fomentar una cultura ciudadana de auditoría social.

¿Qué resultados se pueden esperar de la Ley de Acceso a la Información?

Esa ley abre las puertas de todos los asuntos de la administración pública a los que, hasta ahora, era difícil acceder, y que permitirán conocer y entender mejor la lógica de la toma de decisiones.

No es una norma para perseguir a los funcionarios, como algunos de ellos piensan; es para que se conozcan los criterios que sustentan las decisiones públicas, entre otros datos, (los) administrativos y financieros.

En otras palabras, es una herramienta que puede representar cambios importantes para la democracia; puede contribuir a profundizarla, pues los ciudadanos podrán tener mayor control sobre los gobernantes.

¿Cómo lograr que los ciudadanos se interesen en pedir cuentas?

Nuestra cultura democrática —al igual que en otros países de América Latina— no se encuentra muy desarrollada. Las personas no han comprendido el valor de la información, no hay conciencia de que esos datos representan poder. Por ello será importante la educación cívica y la concienciación, para que la gente se atreva a demandar información que considere de utilidad; por ejemplo, sobre las obras que se desarrollan en su municipio o la forma en que se administran las escuelas o centros de Salud de su localidad.

Todo el tiempo nos quejamos de la corrupción en la administración pública, de la discrecionalidad con que se administra el dinero del Estado y del abuso de poder de algunos funcionarios. Este es el momento para dejar esas críticas y comenzar a demandar acciones.

Para que esa ley dé resultados positivos, se requiere la participación activa de todos.

¿Aún hay funcionarios que se resisten a transparentar su gestión?

Sí. Hay muchos funcionarios que, por desconocimiento o por algún otro motivo le tienen miedo a esa práctica; le tienen temor a la transparencia.

Pero el acceso a la información es un derecho humano, garantizado en la Constitución; además, es parte fundamental de cualquier democracia madura.

Los países con mayor desarrollo humano prácticamente nacieron con una ley de este tipo, que facilitó la auditoría social. Por eso los gobernantes han tenido que apegarse a los intereses de la población, en vez de a los particulares. Los funcionarios deben entender que esta ley no es para perseguirlos.

Los demás debemos asumir nuestro rol y exigirles que cumplan con la nueva normativa. Los medios de comunicación tendrán un papel importante para exponer a quienes se resistan a entregar cuentas claras.