Justicia

Caso Plazas Fantasma: Jueza resolverá si exdiputados y otros señalados enfrentarán juicio

De los 59 acusados 10 se sometieron a la figura especial de aceptación de cargos, requerimiento que deberá resolver la jueza Claudette Domínguez.

En el 2017 la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, ligó a proceso a varios diputados, también a exdiputados como Aleksánder Castillo por el caso de plazas fantasmas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

En el 2017 la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, ligó a proceso a varios diputados, también a exdiputados como Aleksánder Castillo por el caso de plazas fantasmas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Este jueves se retomará la audiencia de etapa intermedia por el caso denominado Plazas fantasmas, en el cual se encuentran sindicadas 59 personas por su presunta participación en contrataciones irregulares en el Congreso de la República en el periodo del 14 de enero de 2014 al 14 de enero de 2016.

El control jurisdiccional lo tiene Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Alto Impacto, quien tiene previsto resolver en los próximos días si los procesados enfrentarán juicio y definir los medios probatorios que serán admitidos para su diligenciamiento en el debate.

Entre los señalados se encuentran los exdiputados César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

Desiste de ser colaborador

En este proceso hay 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Edgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz y se someterá a un procedimiento ordinario. No obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.

En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.

Los señalamientos del Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detallan que Rabbé, en su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, (acción que es prohibida), además no contaban con el perfil idóneo para los cargos y lograr determinar que las personas no asistían a sus labores.

Rabbé Tejada es acusado de supuestamente autorizar de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del exdiputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Legislativo.

En su calidad como presidente del Congreso autorizó por lo menos 42 plazas en beneficio propio y de otros diputados con salarios desde los Q 7 mil hasta Q 20 mil mensuales.

Orden de captura vigente

Luis Armando Rabbé Tejada salió de Guatemala con rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, México, por la Interpol el 23 de julio del 2018.

En su contra existe una orden de aprehensión vigente por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, vinculados por el caso Plazas Fantasma.

El 22 de octubre de 2021 fue beneficiado con una resolución judicial que frenó de forma indefinida su extradición de México a Guatemala, esto luego de que Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concediera la suspensión definitiva de la extradición del exfuncionario.

Según la resolución del juez, esta protección judicial para Rabbé estará vigente hasta que exista una sentencia de amparo en última instancia, lo que podría llevar varios meses o incluso hasta un año, reportaron en su oportunidad los medios mexicanos.

Agregan que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó un recurso de revisión contra la suspensión que otorgó el juez y se espera que un tribunal colegiado decida si se mantiene o revoca la decisión.

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