EDITORIAL
Inexorable incremento de rigor antimigrantes
A pesar del aumento en remesas del primer trimestre, la continuación de las redadas generará temores que reducirán la productividad.
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Las redadas antimigrantes efectuadas ayer en ciudades de Florida, con participación de agentes federales y estatales, constituyen la más fuerte ofensiva en contra de trabajadores hispanos en el gobierno de Donald Trump. Pero por más que el mandatario y subalternos repitan el discurso de criminalización, que contraviene el principio universal de presunción de inocencia, es improbable que todos los detenidos sean delincuentes peligrosos. Muchos son culpables solo de buscar un mejor futuro y oportunidades laborales, culpables de aceptar condiciones a menudo infrahumanas y salarios por debajo de los mínimos —aunque mejores que los de su país de origen—, lo cual, en realidad, beneficiaba más a sus empleadores.
Por eso mismo hay Estados y ciudades que comprenden el aporte de los migrantes hispanos y la gran convicción de trabajo de muchos de ellos, quienes se ven imposibilitados de tramitar un estatus regular a causa de los laberintos burocráticos ocasionados por las pugnas políticas y las inamovilidades legislativas de la superpotencia: sí, esos pulsos que cada cierto tiempo amenazan el mismísimo funcionamiento del Estado por la crisis de la deuda. Aunque también contra esos Estados y ciudades santuario Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para retirarles fondos federales.
Es más fácil culpar a los indocumentados, sobre todo latinoamericanos. Lamentablemente hay individuos ligados a pandillas y bandas, lo cual sirve como ariete para evadir balances judiciales, al generalizar que todos los detenidos son convictos, criminales, felones. Aún así, las cifras totales de deportaciones no superan las de su antecesor Joe Biden. El zar antimigrantes, Tom Homan, afirmó que ya iban más de 140 mil, pero las cifras confirmadas no rebasan 60 mil.
Eso sí, la cauda de la guerra arancelaria unilateral ya empieza a dar coletazos y la reciente corrección de rumbo respecto de Ucrania es un tácito reconocimiento de mal cálculo geopolítico. La caída en la aceptación del mandatario es evidente y necesita recuperar la percepción de eficiencia, casi de infalibilidad. Para enmascarar tales deslices recurre a culpar a los antecesores y señalar a los migrantes indocumentados.
La perspectiva para Guatemala comienza a ser brumosa. A pesar del aumento en remesas del primer trimestre, la continuación de las redadas generará temores que reducirán la productividad; las capturas y deportaciones ocasionarán caída en los envíos y un potencial impacto en el PIB. En los operativos de ayer, en Florida, fueron capturados 437 guatemaltecos, mayoritariamente, por no tener un permiso de residencia. Muchos de ellos no tienen orden de deportación inminente y dependen de procesos ante jueces migratorios. Este contrapeso le hace mucho ruido a la política expulsionista, y ello se evidencia en el ofrecimiento del gobernador de Florida, Ron de Santis, de que integrantes de la Guardia Nacional del Estado —bajo su autoridad— funjan como “jueces” temporales, seguramente muy objetivos e imparciales.
Mientras tanto, en Guatemala, van lentos los planes de reinserción laboral. Recién el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad anunció un programa de certificación de habilidades para facilitar la colocación en el trabajo, pero se necesita hacer más. A su vez, al gravar Estados Unidos las exportaciones guatemaltecas, termina acicateando la precariedad y la migración que trata de frenar, pues golpea a los generadores locales de trabajo. Pero en el mismo territorio de la Unión ya hay crisis de fábricas, procesadoras y granjas, por falta de mano de obra.
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