Los detalles del pacto eran desconocidos y salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda promovida por el grupo civil Democracy Forward contra el acuerdo firmado entre las administraciones de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.
El documento es una carta oficial del Departamento de Estado de EE. UU. al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo del 2025, en la que se formaliza la concesión de US$4.76 millones destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de estos migrantes —en su mayoría venezolanos— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), notorio por las denuncias de abusos a derechos humanos.
La misiva también estipula que dichos fondos no pueden utilizarse para asesoría legal a migrantes que soliciten asilo, ni para referirlos a abogados en EE. UU. Además, prohíbe que se empleen para apoyar a la agencia de la ONU que trabaja con refugiados de Palestina (UNRWA), ni en actividades relacionadas con salud reproductiva.
El texto aclara que el acuerdo no genera obligaciones conforme al derecho internacional, por lo que cualquier diferencia deberá resolverse mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EE. UU. a la infame prisión salvadoreña Cecot estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos“, dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
En un comunicado, Perryman reiteró: “No obstante, el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que EE. UU. proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.
En marzo, el gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. Los trasladaron a la megacárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Entre los deportados se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado erróneamente desde EE. UU. y se convirtió en símbolo de la lucha contra las políticas migratorias impulsadas por la administración republicana.
El 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump no puede aplicar dicha legislación para acelerar deportaciones de migrantes, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.
