Editorial
Segundo alcalde ultimado en este año
Esta es la razón por la cual se exige al TSE que refuerce los controles y la exigencia de reportes de origen de recursos de los partidos políticos, no como un asedio en contra de la libertad ideológica, sino como una forma de asegurar que el entorno democrático no se vea infiltrado por oscuros intereses.
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Quizá solo es una coincidencia, pero una muy fuerte y llamativa: con el asesinato del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, perpetrado en una calle concurrida, durante un desfile navideño local, el sábado 6 de diciembre en la noche, van tres alcaldes electos con el anterior partido oficial, Vamos, que pierden la vida en el ejercicio del cargo. Dos de ellos, Marroquín y el de Chuarrancho, Guatemala, Gerson Ajcuc, ultimados a balazos. Mientras que el jefe edil de San Juan La Laguna, Sololá, Daniel Chavajay, murió a causa de una herida de bala en el cráneo, en un supuesto suicidio, el 5 de abril del 2024, versión que los familiares han puesto en duda. Chavajay fue encontrado moribundo en una residencia de la ruta a El Salvador, en la capital.
En el caso del jefe edil de Chuarrancho, el atentado fue cometido el 26 de febrero último, a la 1 de la tarde, cuando viajaba en su vehículo en la ruta al Atlántico, en dirección a la capital; es decir, a plena luz del día y con gran cantidad de vehículos alrededor. El usual congestionamiento de tránsito en el área fue aprovechado por un sicario que intentó escapar en una motocicleta que lo recogió en la vía contraria. Fueron capturados dos individuos, que en septiembre fueron enviados a juicio y para el 17 de diciembre próximo está prevista la audiencia de ofrecimiento de pruebas, entre las cuales se cuentan los fotogramas de cámaras de tránsito.
El alcalde de San Juan La Laguna fue colaborador cercano del diputado y dirigente Allan Rodríguez, quien en su momento deploró el hecho y pidió que se investigara. Antonio Chavajay, padre del jefe edil, declaró a medios de prensa que este “quería desenmascarar un montón de cosas” y “tenía amenazas”. El Inacif dictaminó que fue “suicidio”, y el resultado de las pesquisas se desconoce.
En todos estos casos, las hipótesis de investigación suelen coincidir en posibles rencillas políticas y en ajustes de cuentas de grupos delictivos, ya sea por adeudos o bien por acciones municipales en contra de tales bandas. Hasta ahora no hay nada concluyente en los tres casos. Esto conduce a recordar otros dos recientes: la brutal ejecución de Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, por el partido Cabal y contratista del Estado, perpetrada hace exactamente un mes, el 8 de noviembre; el 7 de septiembre fue ultimado, durante una feria gastronómica, en Tiquisate, Escuintla, también en medio de una multitud, el excandidato a la alcaldía Luis Alberto Mota, quien quedó en segundo lugar en 2023 y se perfilaba como fuerte aspirante en 2027.
Es urgente el esclarecimiento de estas muertes, y además es necesario que las autoridades de Gobernación y las fuerzas de seguridad implementen un plan de inteligencia, prevención y reacción de cara a la posible agudización de este tipo de ataques. En repetidas ocasiones, varios análisis, como los de la Misión de Observación de la OEA, han señalado los afanes de grupos de trasiego que buscan contar con la aquiescencia de autoridades locales, sobre todo en municipios fronterizos y costeros, aunque también en aquellos que están al paso de rutas de contrabando.
Esta es la razón por la cual se exige al Tribunal Supremo Electoral que refuerce los controles y la exigencia de reportes de origen de recursos de los partidos políticos, no como un asedio en contra de la libertad ideológica, sino como una forma de asegurar que el entorno democrático no se vea infiltrado por oscuros intereses. A la vez, el Congreso debe no solo mantener, sino fortalecer estas capacidades, así como aprobar las reformas a la Ley contra el Lavado de Activos, a lo cual solo se opondrían diputados con nexos dudosos, que los hay.
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