Editorial
Politiquería agrava crisis electoral en Honduras
Es necesario resaltar que un sistema de conteo rápido eficiente habría reducido la posibilidad de reclamos como el enarbolado por el oficialismo.
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En el 2017, cuando el exconvicto presidente hondureño Juan Orlando Hernández buscó la reelección, el conteo de votos se prolongó durante nueve días: una eternidad que desató desconfianza y suspicacias. Sin embargo, la crisis actual supera con creces aquel episodio. El escrutinio ya suma 17 días de intermitencias, pugnas, reclamos y cerrazones. Ya se contabilizó el 99.8 de las actas, pero la escasa diferencia entre los dos punteros lleva a un escrutinio minucioso.
El oficialismo fue derrotado. El candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.54%, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.19%. Muy por detrás quedó la candidata oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libre, con apenas el 19.29%. Se refleja con claridad un rechazo popular al partido de gobierno, pero aun así, la presidenta Xiomara Castro ha impulsado una narrativa de supuesto fraude e incluso ha hablado de “golpe de Estado” y hasta llama a anular los comicios. Eso le convendría para perpetuarse en el poder, al estilo de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien admira.
La ciudadanía cumplió con su deber cívico, acudiendo en buen porcentaje a las urnas, en un clima pacífico, pero sigue sin conocer resultados oficiales definitivos. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral se mueve entre el mutismo, las excusas y presiones, alimentando una espiral creciente de sospechas. A ello se suman fallas tecnológicas en el sistema de transmisión de resultados preliminares y las reiteradas ausencias de delegados partidarios en las mesas de verificación. Las presiones políticas han escalado hasta el hostigamiento y las amenazas, denunciadas por dos de los tres consejeros del CNE: Ana Paola Hall y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional.
Observadores nacionales e internacionales coinciden en que la jornada electoral fue pacífica, masiva y ordenada. La Misión de Observación Electoral de la OEA fue clara: hubo retrasos y deficiencias técnicas, pero no existen indicios de manipulación deliberada ni de fraude electoral. El jefe de los testigos internacionales, Eladio Loizaga, advirtió de que la mayor amenaza al proceso no proviene de las actas físicas, sino de las narrativas políticas que buscan desacreditar los resultados antes de que concluyan los procedimientos legales.
En otras palabras, el problema no es ni siquiera el conteo rápido o lento, sino el relato oficialista. Tras cuatro años de un gobierno marcado por promesas incumplidas, conflictos internos, deterioro económico y frustración social, el resultado de las urnas refleja más un castigo ciudadano que una asonada a gran escala. Hasta los sondeos más favorables al partido de gobierno lo colocaban en segundo o tercer lugar: una realidad que Castro se resiste a aceptar.
Ahora bien, los dos candidatos punteros, Asfura y Nasralla, deben hacer un frente común para apoyar la contabilización detallada, ininterrumpida y transparente de las actas en conflicto. Si el partido oficialista no quiere tener fiscales en el conteo es algo que no debería impedir la continuidad de la revisión, porque lo que está en juego es la democracia. En todo caso, es necesario resaltar que un sistema de conteo rápido eficiente habría reducido la posibilidad de reclamos como el enarbolado por el oficialismo. Resulta curioso notar cómo en 1922 se produjo en Honduras una situación parecida, cuando había dos aspirantes al frente pero sin mayoría absoluta, y el Congreso tuvo que definir a un ganador, quien no pudo gobernar. La vieja politiquería siempre encuentra intersticios para sus reclamos, en lugar de revisar sus errores y despropósitos.
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