Editorial
Negligencias viales truncan vidas inocentes
En esta Navidad hubo muchos hogares con dolorosas ausencias, por los cientos de vidas perdidas a causa de perniciosas conductas viales. Algo debe hacerse.
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Inenarrable el dolor de Dayanara Ovalle, una joven madre que fue impactada junto a su hijo, André, de solo cinco meses de edad, por un vehículo fuera de control, en la entrada a Salcajá, Quetzaltenango. Ella lo llevaba en un carruaje y se dirigía a un comercio cercano cuando ocurrió la tragedia. Es notorio que quien conducía la SUV, devenida en arma homicida, iba a excesiva velocidad: así lo denotan las colisiones contra otros tres automotores antes de volcar. Podrá haber muchas explicaciones causales y hasta invocación de atenuantes por parte de los abogados de quien conducía, pero nada de eso reducirá el luto de una familia, de una comunidad y todo el país.
Este accidente desató repudio, reclamos de consecuencias ejemplares y exigencia de mayores controles a la velocidad y la capacidad de los conductores. Y es que de enero a octubre del 2025, la siniestralidad vial en Guatemala mostró un incremento marcado respecto del 2024, según datos de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. En el 2024 se registraron seis mil 796 hechos de tránsito, y en 10 meses del 2025 ya la cifra iba en siete mil 225, un aumento que a estas alturas debe ser mucho mayor, igual que la cauda mortal. En el 2024 hubo mil 945 fallecidos en accidentes viales y hasta octubre ya se contabilizaban mil 983.
Las cifras evidencian una mayor exposición al riesgo vial, que se puede asociar, en parte, al aumento del parque vehicular, a una mayor movilidad urbana y en carreteras, pero, sobre todo, al irrespeto de las normas de tránsito, la negligencia al volante. el abuso de velocidad y el consumo de alcohol. Las personas lesionadas en sucesos viales pasaron de siete mil 102 a siete mil 867 en menos de un año, incluyendo casos con graves secuelas como discapacidad permanente.
Los datos de incidentes viales recopilados por la PNC tienen una clasificación que diferencia colisiones, atropellamientos y volcaduras. La tragedia de Salcajá reúne las tres características y amerita una investigación rigurosa, para deducir responsabilidades, pero, sobre todo, mejorar las medidas de prevención de la policía de tránsito local y, en general, de todas las autoridades del ramo en el país. Parte de esta mejora debería ser la actualización constante de las estadísticas. En el sitio web de la PNC solo aparece hasta octubre, cuando en realidad debería ser una tabla con datos recientes, para detectar tendencias y facilitar la toma de medidas preventivas.
Algunas policías de tránsito parecen más especializadas en ser cobradores de multas que en ejercer un efectivo monitoreo y vigilancia de la conducta vial colectiva. Para ser colectores salen muy caros, porque hay hasta una veintena de efectivos por retén, mientras en cruces peligrosos o arterias principales no hay ni un solo agente en horas pico, sobre todo por la tarde y noche. Las fiestas de fin de año suelen ser, por desgracia, fechas en las cuales se incrementan los ebrios al volante; no obstante, los operativos son limitados y, a menudo, guiados por el azar.
Pero también se debe reconocer una falla estructural: el carácter caduco de la Ley de Tránsito, que ha sido objeto de actualizaciones que no alcanzan a convertirla en un disuasivo, con todo y sanciones por faltas, imprudencias y reincidencias. Este tema poco parece importar a la actual legislatura, igual que a sus antecesoras. Valga decir que se han registrado colisiones de vehículos de diputados en estado etílico, pero sin mayor consecuencia. En esta Navidad hubo cientos de hogares con dolorosas ausencias por los cientos de vidas perdidas a causa de perniciosas conductas viales. Algo debe hacerse.
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