EDITORIAL
Guatemala 2046
Poner la vista no en el 2027, sino en el 2046, y más allá.
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Escenarios 2026, el especial que ofrecemos hoy a nuestra audiencia, es un análisis donde pedimos a ocho expertos en distintas materias que expusieran sus perspectivas sobre necesidades, acciones, expectativas y realidades del año preelectoral, en el cual, coincidentemente, confluyen cuatro designaciones institucionales clave: TSE, CC, MP y Contraloría, una circunstancia que permite, como una metáfora muy concreta, vislumbrar cómo los sucesos coyunturales tienen un impacto en el mediano y largo plazo, pues marcan el devenir de tales entes, pero también del país entero. Las instituciones son ocupadas por personas, con intereses, nexos y perfiles peculiares, pero ello nunca será excusa para discrecionalidades, pues todo actuar de funcionarios públicos debe enmarcarse en el Estado de derecho.
A Guatemala le urge mejorar y expandir su infraestructura de comunicación, vial y digital, urbana e interurbana. Existen esfuerzos incipientes que comenzaron en años previos, pero para una transformación productiva y de desarrollo se requiere de planes integrales a largo plazo, con visión de Estado, no de partido y menos de grupúsculos.
Lo mismo aplica para la transformación institucional, depuración de procesos, optimización de gestiones estatales y rendición de cuentas sobre la distribución y uso de recursos públicos. Lo que habla son los resultados, y a decir de las realidades que afrontan a diario los guatemaltecos, hoy se están pagando las deficiencias, polarizaciones, negligencias y clientelismos que han pululado sobre todo en el último lustro.
El indicador más elocuente del rezago es la cantidad de connacionales radicados en Estados Unidos: más de 3.5 millones, que este año marcaron un astronómico récord en el envío de remesas, acicateado por la incertidumbre y temor generados por las políticas antimigrantes que no perdonan ni a sus propios ciudadanos. Los US$25 mil 530 millones recibidos en el 2025 rebasan el monto del presupuesto nacional vigente, pero no es fácil deducir que no es una fuente sostenible de divisas. Se necesita dinamizar la economía, potenciar los emprendimientos, impulsar a las comunidades y enfocarse en el desarrollo integral. Lamentablemente, la gazuza politiquera ha saboteado esa construcción, y lo sigue haciendo.
Por eso, en las diversas voces que hoy integran estas perspectivas, es coincidente la exhortación a la responsabilidad de las instancias que definen nóminas y cargos este año, porque lo que está en juego es la certeza jurídica, la seguridad pública, la administración de justicia, el respeto a la voluntad popular en las urnas y, también, el combate a la infiltración de dineros sucios en el próximo proceso electoral. Ya se ha visto el auge del asedio del crimen organizado, y no solo es en las calles, sino también en busca de peones infiltrados.
A la vez, el Gobierno tiene la grave obligación de impulsar la inversión en el desarrollo humano, productivo, comunitario, económico, turístico, que sea sostenido y continuo. Pero sin ese amaño de deshacer lo que hizo el anterior para empezar el propio experimento. No. Es tiempo de recuperar la gran agenda nacional compartida, que múltiples partidos políticos firmaron en el 2003. Muchos ya se extinguieron, algunos hicieron gobierno y traicionaron aquel acuerdo. El desastre está a la vista y, con ello, la necesidad de poner la vista no en el 2027, sino en el 2046, y más allá.
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