Estados Unidos
EDITORIAL
Más sombras que luces a medio gobierno arevalista
Los que exigían mesura de gasto a previos gobiernos terminaron planteando la adquisición de más deuda para funcionamiento.
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Todo gobierno busca explicaciones, excusas para amortiguar las críticas a su desempeño. Lo habitual es reclamar reconocimiento por cumplir lo que simplemente es su obligación. El problema es cuando por falta de perfiles, de claridad en planes o de audacia se pierde tiempo, a pesar de la existencia de recursos, sin dar una explicación. El balance del medio gobierno de Bernardo Arévalo no se explica solo por las dificultades de gobernar, sino por algunas contradicciones con el discurso que lo llevó al poder y decisiones políticas que hoy sostienen su administración.
El desencanto ciudadano, registrado ya en diversos estudios de percepción el año pasado, han evidenciado que parte de la desaprobación al actual gobierno obedece a la parsimonia en algunas áreas y la inamovilidad en otras. El gran retraso en la recuperación de la red vial del país, heredada en condiciones críticas, pero anunciada como prioridad, se convirtió en uno de sus flancos más visibles, por su impacto directo en la productividad. La baja ejecución sin mayores informes refleja no solo un problema de comunicación, sino de gestión. El paso de cuatro ministros por el CIV así lo refleja.
En seguridad, la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad de Fraijanes 2, en septiembre, golpeó la credibilidad de la agenda de seguridad pública, detonó la renuncia del ministro de Gobernación y coincidió con un repunte de muertes violentas, que podría complicarse si no se toman las medidas adecuadas, tanto en la vigilancia preventiva como en el sistema penitenciario. A ello se suman la presión del narcotráfico en zonas fronterizas y la persistencia de mafias locales en conflictos como el de Nahualá. Fallidas compras de armas, por pugnas entre oferentes y opacidades señaladas completan la crisis.
Arévalo llegó enarbolando la bandera anticorrupción, y por eso le causó tanto desgaste el consentimiento tácito del oficialismo legislativo —dividido en dos facciones— al arrastre de millonarios fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que han exhibido incapacidad de ejecución. Además, los que exigían mesura de gasto a previos gobiernos terminaron planteando la adquisición de más deuda para funcionamiento, y no para inversión estratégica en el ahora suspendido Presupuesto 2026. La incoherencia política tiene un alto costo, sobre todo para quienes durante años denunciaron estas prácticas.
La necesidad de negociar con un Congreso fragmentado y sin bancada oficialista puede explicar la maniobra, pero no la justifica a ojos de la ciudadanía, que solo espera una cosa: diligencia, resultados, cuidado de sus recursos. Las evaluaciones de diversas áreas se mueven entre regular y deficiente, pero eso no basta para un estándar que el propio oficialismo se colocó a través de su discurso opositor previo. La promesa de cambio se fue diluyendo a medida que se optó por administrar inercias en lugar de confrontarlas. El combate a la desnutrición aguda ha tenido una mejora relativa, pero no el de la crónica.
Existen ámbitos donde el Ejecutivo ha marcado algunas diferencias positivas: la batalla contra las venalidades del sindicato magisterial jovielista, el remozamiento de planteles, los acuerdos para desarrollar infraestructura con Estados Unidos, así como el aseguramiento conjunto de puertos y aeropuertos. También se debe reconocer la negociación de aranceles impuestos a causa de rezagos tramitológicos y la política de impulso al turismo. Pero eso queda opacado ante la necesidad de un giro estratégico para la asignación de contratos carreteros, la mejora de la inteligencia de seguridad democrática y el aseguramiento de las prisiones.
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