Estados Unidos
EDITORIAL
Empiezan los regateos en la postuladora TSE
La elección de magistrados para el TSE constituye la responsabilidad más grande en la continuidad y consolidación de la democracia representativa.
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Al momento de buscar talento humano para ocupar un cargo en una empresa, desde el más operativo hasta la alta dirección —y sobre todo en este nivel—, se sigue un proceso en el cual no puede faltar la entrevista con los aspirantes. Con todo y la urgencia que exista para llenar una vacante, debe haber preguntas presenciales. Por eso resulta sospechoso que se haya eliminado la fase de entrevistas con aspirantes en la postuladora para magistrados titulares y suplentes del próximo Tribunal Supremo Electoral: el cuerpo colegiado que dirigirá los próximos comicios, que dará seguimiento a las reformas electorales, que deberá verificar el cumplimiento de normas como los reportes de financiamiento por parte de los partidos políticos.
Sin embargo, el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, Henry Arriaga, sugirió tal omiso, debido al corto plazo para presentar la nómina. Esta es la única etapa pública en la cual la ciudadanía —y también los postuladores— podrían hacerse una idea de los planes, propuestas e idearios de los participantes. Sí, presentarán sus expedientes por escrito, pero hay que ver a la cara de un aspirante al momento en que se presenta y expone sus propuestas de trabajo.
Ningún postulador está allí contra su voluntad, como para que ahora vengan algunos a regatearle tiempo a la ciudadanía. Cierto es que algunos entraron con calzador, debido a objeciones interpuestas, pero, en fin, allí están, y ello implica una dedicación total a este proceso de capital importancia en el futuro democrático del país. La limitación de tiempo no justifica la pérdida de calidad de un proceso público, cuyos aspirantes deben comparecer ante la postuladora, que actúa en representación de la ciudadanía.
Si el proceso tiene plazos: los horarios y formatos de entrevistas pueden regularse, pero no eliminarse de un plumazo. Cuando hay poco tiempo, es aún más necesario que cada fase se cumpla con eficiencia, para evitar errores irreversibles. Los decanos deberían saberlo. ¿O será que en tiempos de muchos compromisos estarían dispuestos a decretar en sus casas de estudios que ya no se hagan exámenes para otorgar un título? Seguramente no. Sería todo un absurdo y una contravención a los grandes principios que rigen a toda academia.
El problema no es lo perentorio del proceso, es la disponibilidad de servir a Guatemala con máxima exigencia. Al eliminar una fase tan importante por “ahorrar” tiempo, no se está cumpliendo a cabalidad con la misión encomendada: al reducir controles se reduce la exigencia, y quienes avalaron la medida envían un mensaje erróneo. Si los rectores de las universidades del país son incapaces de efectuar adecuadamente una criba de perfiles con todo y entrevistas, ¿quién lo hará?
La elección de magistrados para el TSE constituye la responsabilidad más grande en la continuidad y consolidación de la democracia representativa. A la hora de decisiones como la incompleta reforma electoral, los partidos políticos han querido jugar a ser juez y parte, quitarse obligaciones, reducir su rendición de cuentas y abrir espacio a las permisividades. Enfrentar esa situación demanda magistrados sólidos, íntegros, idóneos, y eso implica dejar de lado la ley del mínimo esfuerzo. Tal vez haya universidades donde un título se gane de otra manera, pero ante el pueblo de Guatemala y la Constitución, la exigencia es y debe ser fuerte. Solo falta que al elaborar la tabla de gradación también tengan miedo de evaluar la reconocida honorabilidad exigida en ley.
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