Estados Unidos
EDITORIAL
Operativo evoca estéril secuestro de papeletas
Casi es posible suponer qué persona y con qué afinidades habrá presentado tal queja como para obtener una respuesta de tan pasmosa celeridad.
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La sola aclaración de la fiscal Leonor Morales, de que “no se iba a secuestrar ninguna boleta electoral”, recordó el operativo ejecutado, con lujo de fuerza, el 30 de septiembre de 2023 en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando el Ministerio Público (MP) secuestró las actas electorales en una acción inédita e innecesaria efectuada con el pretexto de ser un caso “bajo reserva”: una figura sintomáticamente recurrente durante el segundo período de la fiscal general Consuelo Porras, quien en esta fecha está exactamente a tres meses de salir del cargo. Con rictus hierático, la fiscal Morales se apersonó en uno de los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) durante el balotaje para elegir magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el próximo lustro.
La parafernalia del operativo tomó por sorpresa a todos, y despertó repudio generalizado en el gremio y preocupación en múltiples sectores del país. La fiscal de marras dijo que no iban a interferir y que iban amparados por una orden judicial de una pesquisa “bajo reserva”, surgida para investigar una denuncia. Casi es posible suponer qué persona y con qué afinidades habrá presentado tal queja como para obtener una respuesta de tan pasmosa celeridad; así también, es necesario que se aclare qué juzgado emitió dicha orden como para terminar de atar cabos.
Esta capacidad de reacción y celo por “el estricto cumplimiento de la ley”, como dijo la fiscal Morales contrasta con la total inacción del MP respecto de otras transgresiones que también impactan en el proceso de elección de magistrados, tal el caso del desacato del Consejo Superior Universitario (CSU), desde hace casi un año, a la orden de la CC de renovar los más de 30 cargos vencidos que hoy por hoy hacen ilícito su respectivo proceso.
Quizá no tiene nada que ver, pero también es de mencionar, como dato histórico, que uno de los contendientes de esta votación es el actual secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo, quien aspira a ser magistrado constitucional suplente. Tal vez solo es una casualidad, al igual que lo es el apurado destape de la aspiración de la fiscal Porras a ser magistrada titular o suplente —lo que caiga—, por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Además de ser una acción intimidante, por llevarse a cabo con exhibición de armas de alto calibre y el cobarde uso de pasamontañas o mascarillas para cubrir los rostros, el operativo irrespeta el carácter institucional del Cang. Si alguien tenía una queja, objeción o denuncia, debió hacerla del conocimiento del tribunal electoral de la entidad; si lo hizo y no se le escuchó, se debía denunciar sotto voce, para evidenciar cualquier supuesta anomalía. Ya solo falta que la continuación de esta pesquisa dependa de quién salga elegido, pese a que ayer mismo la CC ordenó a los fiscales el absoluto respeto al proceso, que ha sido público y con la fiscalización de delegados de los candidatos y grupos en contienda.
El 13 de agosto de 2025, casi dos años después del operativo —con lujo de fuerza— ejecutado en el TSE, fueron devueltas las cajas con papeletas electorales y también las actas. El caso, encabezado por la misma fiscal Morales resultó al final un fiasco porque no se ha logrado demostrar el supuesto fraude. En la entrega dijo que aquel 30 de septiembre hubo “irrespeto” de parte de personal del TSE hacia el MP, lo cual tampoco se evidenció. Ayer, la conducta de las autoridades del Cang fue digna, civilizada y respetuosa, acatando la orden judicial y entregando lo requerido. Durante el conteo de votos hubo un apagón. Ya solo falta que haya otra denuncia anónima por ello.
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