Estados Unidos
EDITORIAL
Juez Orellana favorece al golpista Serrano Elías
La acción del juez Orellana debería ser seriamente investigada por la Supervisión de Tribunales.
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A veces, el laberíntico relato de El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, sale de su pasta de ficción para confirmar que detrás de sus oscuridades hay una historia real, trágica, amarga, cíclica y, por ende, se torna en una suerte de profecía que se parafrasea y se repite con otras caras, otras voces, otras promesas y otras tiranías. En una de sus líneas se alude a un “esbirro de cuyas fechorías hablará la historia, si hay quien se decida a escribirla mojando la pluma en veneno de tamagás”. Varios mandatarios y sus adláteres han coincidido con tal connotación.
Uno de ellos es sin duda Jorge Serrano Elías, quien llegó al poder con un discurso populista en 1991. No tardó mucho en exhibir su intolerancia a la crítica y sus afanes megalomaníacos. El 25 de mayo de 1993, bajo múltiples pretextos, se quitó la máscara y mostró su despotismo: suspendió las garantías constitucionales, declaró disueltos el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. En aquella intentona, trató de capturar al entonces procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, e incluso intentó disolver la Corte de Constitucionalidad, presidida por el eminente jurista Epaminondas González Dubón. A través de Roxana Baldetti Elías, intentó imponer la censura a la prensa independiente.
Pero abyecto autogolpe, que quedó registrado para la historia como el Serranazo, solo duró una semana: desató el repudio generalizado de la ciudadanía y de todos los sectores sociales, no solo por la flagrante violación a la Constitución, sino por su desastroso desempeño gubernamental. El 1 de junio finalizó la intentona y salió al exilio dorado en Panamá, donde exhibió una vida de lujos. En su última salida de la Casa Presidencial, despotricó contra los periodistas, y la joven democracia pudo regresar a la senda constitucional.
Una vez fracasado, se montó en el papel de víctima, el cual sigue representando hasta la fecha. Nunca se atrevió a regresar al país para encarar las acusaciones por rebelión y violación a la Constitución. El miércoles 18 de febrero último, trascendió la decisión unilateral del juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien benefició al golpista Serrano Elías, revocando los cargos en su contra y anulando todo lo actuado desde junio de 1993, con el argumento de que el caso contenía “vicios”. Lo peor de todo es que la audiencia en que se emitió tal resolución fue en enero y, aparentemente, sin convocar a las partes involucradas.
Sí, el juez Orellana, el mismo que validó los sucesivos atropellos del asedio contra la democracia y los resultados electorales del 2023. El mismo que apenas en octubre del 2025 emitió una resolución que buscaba de nuevo anular todo lo actuado desde los comicios, pero la Corte de Constitucionalidad le enmendó la plana y dejó sin efecto tal despropósito.
Qué mundo tan pequeño como para que coincidan tales perfiles o qué perfidias tan grandes. La Procuraduría General de la Nación ya impugnó la resolución, que resulta afrentosa para el Estado; el Ministerio Público reaccionó tardíamente, pero negó estar de acuerdo con el juez. Por ahora, la revocatoria de cargos aún está vigente y, por ende, Serrano Elías podría entrar al país sin temor a ser detenido gracias al favor del juez y venir personalmente a pronunciar otra de sus predecibles peroratas. Sin embargo, si cuando tal disposición se anule, volverá a su condición de prófugo. La acción del juez Orellana debería ser seriamente investigada por la Supervisión de Tribunales, puesto que los delitos señalados contra un golpista no pueden ser desechados, porque se crearía un pésimo precedente.
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