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Ley de cine: el sueño de saqueo de algunos vividores
Si el talento guatemalteco ya produce cine premiado sin aparato estatal, la pregunta para cada diputado es: ¿para quién se crea?
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El 23 de febrero, tres asociaciones de transporte aéreo emitieron un comunicado conjunto sin precedentes. Su mensaje al Congreso de Guatemala fue directo: el artículo 32 de la Iniciativa 5906 —la famosa Ley de Cine— viola los principios de la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Qué dice ese artículo? Que cada extranjero que compre un boleto aéreo con destino a Guatemala “colaborará” un dólar para financiar al Instituto Guatemalteco de Cine. Un cobro obligatorio, sin vínculo con ningún servicio al pasajero, destinado a una actividad ajena a la aviación. En cristiano: un impuesto disfrazado de “contribución específica”.
No les interesa que vengan productores a filmar en Guatemala. Les interesa el dinero del fondo, los puestos del Instituto y el poder del Consejo.
El dólar suena “insignificante”, pero lo relevante es el precedente. En todo caso, el impuesto es solo la punta del iceberg. La Iniciativa crea todo un aparato burocrático: un Instituto autónomo con patrimonio propio, un Consejo Nacional de Cinematografía, un Fondo de Fomento, una Comisión Fílmica, una Cinemateca Nacional y una Escuela Superior de Cine. Seis entidades para un sector que, según la propia exposición de motivos, aún está en formación. Cada ente autónomo con discrecionalidad es una invitación a la captura regulatoria. ¿Alguien puede creer que toda esa estructura busca fomentar el cine y no repartir puestos, presupuesto, subsidio y poder?
Los hechos hablan solos. Varias películas y directores guatemaltecos han ganado premios internacionales y competido en festivales de primer nivel. Todo sin Instituto, sin Fondo, sin Consejo y sin impuesto a turistas. Nacieron de la disciplina del mercado, de cineastas que buscaron financistas y coproducciones —como cualquier empresario que quiere sacar adelante su negocio—. Si el talento guatemalteco ya produce cine premiado sin aparato estatal, la pregunta para cada diputado es: ¿para quién se crea?
Aquí la farsa se revela. Si los promotores quisieran atraer producciones internacionales, habrían pedido lo que se hace con algún éxito en otras latitudes: eximir de impuestos a los rodajes extranjeros. Colombia lo hizo con incentivos fiscales y atrajo más de US$850 millones en inversión acumulada. Los promotores de la 5906 ni lo mencionan. Yo no estoy de acuerdo con exenciones de ningún tipo —lo correcto es bajar el ISR a todos o, mejor aún, eliminarlo—, pero el punto es revelador: no les interesa que vengan productores a filmar en Guatemala. Les interesa el dinero del fondo, los puestos del Instituto y el poder del Consejo. Es mercantilismo puro: un grupo que no logra vender su producto busca legislación para obligar a otros a financiar sus gustos y su estilo de vida.
Quienes defienden la ley repiten que “todos los países de la región tienen una”. Veamos cómo les fue. Argentina subsidió 241 películas a través del Incaa en 2023. Solo tres fueron rentables. Más de cien atrajeron a menos de mil espectadores cada una. El 66% del presupuesto se destinó a salarios administrativos. La burocracia se convirtió en el fin y el cine en el pretexto. Cuando llegó al poder, Milei los forzó a operar sin el tradicional déficit y ya está en el proceso de reformarlo. Un Instituto de Cine presupone que burócratas asignarán los recursos mejor que el mercado. La evidencia dice exactamente lo contrario.
El cine importa. Y precisamente porque importa merece algo mejor que un subsidio disfrazado de política cultural. La mejor política cinematográfica no exige más Estado: exige más libertad para filmar, menos trámites, menos impuestos para todos y la disciplina competitiva que ya llevó al cine guatemalteco a Cannes. Quien quiera hacer cine, que busque financistas, mecenas y patrocinadores, como lo hacemos todos los demás que debemos trabajar y buscar clientes para hacer lo que queremos. Esa es la única fórmula que funciona.
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