La Fiscalía de Delitos de Usurpación del Ministerio Público (MP) registró en el 2025 un total de 918 denuncias por usurpación de propiedades, de las cuales 879 fueron resueltas ese mismo año, según datos proporcionados por el fiscal de la sección, Gerardo Salazar.

Durante ese año se recibieron 918 denuncias, de las cuales 201 fueron verbales y 201 telefónicas. Del total, 632 fueron desestimadas: 21 por solicitud y 611 por decisión de sede fiscal.

De acuerdo con Salazar, las denuncias por usurpación han mostrado un incremento desde la creación de esta fiscalía en el 2021. “Dentro de este resultado tenemos expedientes que fueron desestimados por no tener competencia penal, ya que debe existir previamente alguna cuestión civil o administrativa que deba resolverse”, comentó.

Según Salazar, la fiscalía ha identificado estructuras criminales que se dedican al despojo de propiedades. “En estos casos, la fiscalía solicita las órdenes de aprehensión contra los cabecillas o las personas que están involucradas en el despojo”, dijo. Salazar explicó que para estas personas despojar a otras de sus bienes se convierte en una forma habitual de ganarse la vida.

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Lorena Flores, consejera general del Notariado y vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, calificó de lamentable que profesionales del derecho participen en este tipo de estructuras. “Un notario es un profesional investido por parte del Estado, entonces hay una vulneración no solo del orden constitucional, porque nosotros estamos llamados a dotar de certeza y de seguridad jurídica”, comentó.

Flores detalló que las bandas tienen conocimientos de registros y de la situación legal de las propiedades. “Hay profesionales que forman parte de estas estructuras, pero no solo están integradas por profesionales, sino por otras personas. Tienen conocimiento e información técnica muy precisa sobre las fincas: conocimiento de registros, de catastro y de la situación legal de la finca”, agregó.

Además, Salazar indicó que la forma en que operan es técnica, porque están asesorados por abogados y notarios. “Lo que verifican es si el propietario se encuentra en el inmueble o tratan de expulsarlo de la comunidad o sacarlo de su propiedad por la fuerza”, comentó.

Estas bandas suelen emplear a personas de la comunidad para ejecutar estas acciones. “Utilizan muchas veces a la población para realizar todas estas actividades. Entonces engañan a la gente prometiéndoles un pedazo de tierra y, cuando ya tienen la posesión, proceden a la venta de los inmuebles”, explicó.

Agregó que este patrón se ha identificado en varios casos y en diferentes departamentos. “De esas 918 denuncias que se presentaron, unas cinco tienen ese mismo patrón de comportamiento, y no solo en un departamento, sino que podemos verificar que las mismas personas están actuando tanto en Petén, Escuintla y Huehuetenango”, dijo.

En cuanto a las personas más vulnerables, Salazar indicó que las estructuras no atacan a un grupo poblacional en específico. “No le podría decir que sea a una empresa o a una persona en particular; es a los propietarios. Son quienes más sufren esto porque puede ser que la propiedad sea de alguna entidad, de alguna familia en particular o de alguna persona individual. Ellos no respetan estos temas”, mencionó.

Denuncias desestimadas

De las 918 denuncias recibidas, 632 fueron desestimadas. Salazar explicó que cada expediente cuenta con una investigación previa que permite a la fiscalía tomar una decisión. Indicó que las resoluciones pueden ser revisadas por un juez contralor de garantías, ya que la persona que presentó la denuncia puede oponerse a la desestimación.

Según el fiscal, una parte de estos casos corresponde a conflictos que deben resolverse por otras vías legales. “Muchas personas dan en alquiler sus bienes y luego ya no pueden sacar al inquilino, y después presentan la denuncia por usurpación”, explicó.

En estos casos, añadió, existen procedimientos específicos en la vía civil para resolver el incumplimiento de contratos de arrendamiento o la desocupación de inmuebles. También mencionó investigaciones relacionadas con disputas de herencias o conflictos civiles que deben resolverse en esa jurisdicción.

El fiscal indicó que durante el año pasado también se realizaron 27 solicitudes de órdenes de aprehensión por el delito de usurpación, que involucraron a 35 personas. Además, se realizaron 136 solicitudes de primera declaración, lo que significa que, dentro de las denuncias recibidas, ese número de casos cumplía con los requisitos del tipo penal de usurpación o usurpación agravada para ser conocidos por un juez.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborados con base en información del MP, indican que entre el 2020 y el 2024 se registró un promedio anual de 2,477 denuncias por delitos de usurpación, en sus diferentes modalidades.

En ese mismo período también se reportó un promedio anual de 5,740 denuncias por delitos de falsificación, incluyendo falsificación material e ideológica. Según el estudio, en el 2020 se registraron 2,463 denuncias por usurpación; en el 2021 fueron 3,031; en el 2022, 2,554; en el 2023, 2,158, y en el 2024, 2,178.

Impactos económicos

Las personas que son despojadas de sus propiedades enfrentan diversas consecuencias, entre ellas económicas, por la pérdida de sus bienes. “Hay una repercusión económica desde el momento en que es desapoderado de un bien o cuando usted no tiene acceso a sus bienes”, indicó Salazar.

Agregó que en algunos casos las propiedades invadidas tienen cultivos o actividades productivas. “Hemos tenido plantaciones o cosechas que han sido invadidas por estas personas y la cosecha se pierde. Imagínese que usted tenga un crédito en un banco para llevar a cabo la cosecha y pagar a sus trabajadores, pero ya no puede recolectar el fruto porque alguien le invadió”, explicó.

Salazar también señaló que existen casos en los que las víctimas abandonan sus inmuebles. “Esto se da mucho en la Ciudad de Guatemala por temas de extorsiones o de pandillas, donde las personas prefieren dejar su casa de habitación por temor a represalias”, comentó.

Indicó que también se han identificado casos en los que estructuras criminales intimidan a propietarios en distintos departamentos para que abandonen sus bienes.

Departamentos con más denuncias

De acuerdo con el fiscal, los departamentos que reportan mayor número de casos son Izabal, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa, además del departamento de Guatemala.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad también ubican entre los departamentos con mayor número de denuncias a Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Rosa y Jutiapa.

Salazar explicó que los terrenos usurpados suelen ser fincas rústicas ubicadas en áreas de difícil acceso. “Por lo regular, en el departamento de Petén son fincas rústicas sin construcciones grandes. Muchas veces, por lo lejos o por el difícil acceso, son usurpadas o utilizadas para otro tipo de ilícitos penales, como la narcoactividad y el trasiego de personas”, comentó.

En el departamento de Guatemala, indicó que las bandas identifican otro tipo de inmuebles. “En la Ciudad de Guatemala estamos hablando de construcciones formales en zonas residenciales y con construcciones”, dijo.

Piden reformar el Código de Notariado

Desde el sector notarial se ha planteado la necesidad de aprobar la iniciativa 6706, reformas al Código de Notariado y a otras normas vinculadas con el registro de propiedades, con el objetivo de fortalecer los controles en los procesos de inscripción y registro de bienes inmuebles.

Lorena Flores explicó que una de las propuestas es modificar la normativa para incorporar mayores requisitos técnicos en los procesos registrales. “Nosotros insistimos en la modificación del Código de Notariado para establecer mayores normas”, señaló.

Añadió que, aunque el sistema funciona bajo la modalidad de folio real, esto no siempre garantiza información detallada sobre las características físicas de las fincas. “No necesariamente implica que el registro proporcione información fidedigna de la estructura jurídica de la finca que está inscrita”, indicó.

Según Flores, en algunos casos la información registral carece de precisión técnica. “Eventualmente la información de los registros es un tanto imprecisa y por eso se genera que en la práctica se den estas malas prácticas”, afirmó.

También señaló que estas debilidades pueden ser identificadas por estructuras dedicadas al despojo de propiedades. “Estas redes organizadas encuentran en esas deficiencias un espacio para operar”, dijo.

Asimismo, indicó que se requiere fortalecer las unidades técnicas encargadas del análisis registral. “Debería existir un estudio técnico de fincas dentro de los registros para dotar de mayor seguridad y certeza jurídica”, afirmó.

Flores añadió que actualmente muchos operadores trabajan principalmente con la información contenida en escrituras públicas. “Los operadores trabajan con base en testimonios de escrituras públicas y hay que fortalecer eso con relación a información técnica”, explicó.

Un estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborado con base en información del MP, también plantea una serie de medidas institucionales relacionadas con la atención de los delitos vinculados al despojo de propiedades.

Entre las recomendaciones del estudio se incluye la creación de juzgados especializados para conocer casos de usurpación, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales relacionados con estos delitos.

El informe también propone fortalecer la Fiscalía contra Usurpaciones, así como establecer protocolos interinstitucionales entre entidades del Estado para coordinar la atención de denuncias y la ejecución de desalojos.

Otra de las propuestas es la aplicación efectiva de la flagrancia en casos de usurpación, lo que permitiría que las autoridades actúen con mayor rapidez cuando se detecta una ocupación ilegal de inmuebles.

De acuerdo con el estudio, estas medidas buscan mejorar los mecanismos institucionales para la atención de los casos relacionados con el despojo de propiedades y fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la investigación, el registro y la administración de tierras.