Las instituciones del Estado que busquen ejecutar proyectos bajo la modalidad de alianza público-privada (APP) deberán crear una unidad especializada en este tipo de proyectos, según lo establecen las reformas a la ley de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que ahora es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La disposición quedó establecida en el artículo 6 de la ley, que regula las obligaciones de la institución contratante del Estado. En su literal g se estipula que las entidades deberán conformar una unidad especializada en proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, con el objetivo de actuar como contraparte de la ANI en el desarrollo de este tipo de contratación.

El director de la ANI, Kevin Valencia, explicó que este cambio busca fortalecer las capacidades técnicas dentro de las instituciones que promuevan proyectos mediante este modelo. “Cada entidad que requiera un proyecto a través del modelo de alianzas público-privadas, sea una municipalidad, una mancomunidad o una entidad del Gobierno central, necesita la creación de una unidad especializada”, señaló.

Según Valencia, estas unidades permitirán fortalecer los cuadros técnicos y facilitar que las instituciones hablen el mismo lenguaje en materia de APP, un modelo que difiere de la obra pública tradicional. “Aún en el país estamos muy familiarizados con la obra pública tradicional y las APP son totalmente diferentes en su manejo, en su gestión contractual, en su supervisión y en su fiscalización”, explicó.

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El funcionario agregó que contar con equipos técnicos especializados también permitirá evitar recambios constantes en el conocimiento institucional y agilizar la implementación de los proyectos.

Además, indicó que la ANI, como ente rector de las APP, podrá trabajar de forma conjunta con municipalidades, mancomunidades y entidades del Gobierno para definir lineamientos que faciliten la implementación de proyectos bajo este modelo. “Esto va a garantizar que de forma más fácil, ágil y efectiva podamos tener conocimiento técnico sólido, respuestas para potenciales inversionistas y resultados en los estudios que se desarrollen”, afirmó.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre

¿Para qué sirven las unidades de APP?

Las unidades de APP funcionan como el enlace entre la institución que requiere un proyecto y la ANI. Hablar de APP implica un lenguaje y una jerga específicos.

Se abordan asuntos financieros, jurídicos y técnicos de forma distinta a la obra pública tradicional. Por eso es importante que las unidades conozcan el modelo desde el inicio, para que todos hablen el mismo lenguaje y tengan los mismos alcances técnicos.

El fin principal de una APP no es la infraestructura, sino la prestación del servicio a los usuarios con altos estándares de calidad. Entonces, no se puede estructurar un proyecto sin que la contraparte sepa qué se está haciendo. Ese es el fin de las unidades de APP.

¿Cómo empiezan a conformarse estas unidades?

Se presentan en la fase de admisión, cuando una institución de gobierno presenta un proyecto. En ese momento se generan cartas de entendimiento en las que se establece la coordinación entre la agencia y la institución. Ahí se designa personal para dar seguimiento al proyecto directamente con la ANI. Lo ideal es que sean tres personas para abordar los asuntos técnicos, jurídicos y financieros.

Cada institución puede nombrar libremente a su personal, pero lo importante es que se pueda hablar el mismo idioma en esos tres ámbitos. Durante el periodo en que se evalúa el proyecto y se realizan estudios, esas personas acompañan el proceso y la intención es capacitarlas, formarlas y certificarlas en el modelo de APP.

Existen certificaciones nacionales e internacionales. Se analiza la brecha para que las universidades puedan impartir formación en el modelo de APP. La ANI puede hacerlo; también se puede trabajar con universidades —con las que ya se coordina— o con alguna institución de gobierno que pueda ofrecer esa certificación o conocimientos básicos del modelo.

¿Qué ocurre después?

Luego se pasa a la fase de priorización, donde se realizan estudios más robustos sobre la modalidad de contratación. Aquí se desarrollan estudios técnicos, jurídicos y financieros que determinan si el modelo es el adecuado.

Esto se analiza bajo el criterio de valor por dinero. Por ejemplo, un proyecto puede costar 10 por obra pública tradicional, pero sin incluir mantenimiento ni operación. En cambio, por APP puede costar 15, pero incluir mantenimiento, operación y servicios adicionales.

Ahí se define qué opción es mejor. En esa etapa, las tres personas que se han venido capacitando se convierten formalmente en la unidad de APP.

¿Las instituciones deben tener estas unidades desde el inicio?

No. De lo contrario, cada institución estaría erogando recursos administrativos sin presentar proyectos. La línea que se maneja es que la unidad se forme una vez presentado el proyecto. Sin embargo, nada impide que una institución decida crearla antes.

Más que reducir tiempos, ayuda en algo que está falente en el país: la planificación. Si una institución tiene una unidad de APP, puede planificar sus proyectos considerando cuáles pueden ejecutarse como obra pública tradicional y cuáles como APP.

Eso mejora la capacidad para identificar y estructurar proyectos. Por ejemplo, una municipalidad pequeña quizá no necesita una unidad permanente. Pero una municipalidad grande, como la de Guatemala, sí podría beneficiarse de tener una unidad de APP desde el inicio para planificar.

¿Qué perfiles técnicos deberían integrar estas unidades?

Como mínimo, deberían tener perfiles técnicos, jurídicos y financieros. Pero ese es el nivel básico. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones tiene unidades de APP con un director, expertos financieros, especialistas en project finance, analistas de datos y estructuradores jurídicos. Además, los equipos suelen organizarse por sector, como aeropuertos, infraestructura vial o transporte. Cada sector tiene una especialización distinta. No es lo mismo estructurar un aeropuerto que una carretera.

¿La ANI brindará asistencia técnica?

Sí. La intención es dar acompañamiento técnico en las primeras fases y durante todo el proceso de estructuración del proyecto, e incluso durante la ejecución.

Lo que se busca es instalar capacidades en las instituciones para que no se conviertan en instituciones de un solo proyecto. La idea es dejar instalado el conocimiento en el modelo de APP y que las instituciones puedan desarrollar más proyectos.

A partir de la reforma también se abre una oferta en el mercado de especialistas en alianzas público-privadas.

¿Cómo se integrarán estas unidades dentro de las instituciones?

Eso dependerá de la naturaleza jurídica de cada institución. Las instituciones no tienen el mismo tratamiento en cuanto a su personal. Algunas están sujetas a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y otras no.

Las municipalidades, por ejemplo, utilizan otros procedimientos. Cada institución tendrá que hacer su proyección presupuestaria para contratar y mantener al personal. También hay que considerar que las capacidades y conocimientos en APP tienen un costo, por la especialización que requieren los profesionales.

Además, es probable que el sector privado empiece a captar a esos especialistas, porque también existen iniciativas presentadas por ese sector. Por eso será importante pensar cómo retener a esos profesionales y ofrecer condiciones competitivas.