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La ilusión del subsidio y el fraude del IDP
Pocas veces una crisis ha expuesto con tanta claridad la lógica perversa del gobierno guatemalteco.
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El Gobierno presentó un paquete de medidas para enfrentar el alza de combustibles provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz: subsidios “a la Giammattei” y chicote. ¿Eliminar el impuesto a la distribución de petróleo (IDP)? Descartado. ¿El argumento? Que “desfinanciaría el presupuesto”. Pocas veces una crisis ha expuesto con tanta claridad la lógica perversa del Gobierno guatemalteco.
El subsidio: el Gobierno cobra un impuesto inconstitucional y fraudulento, desvía los fondos, y después quiere aplausos por “devolver” una parte.
Empecemos por lo obvio: para dar un subsidio, el Gobierno primero debe cobrar impuestos. ¿De dónde más creyó usted que saldría el dinero? Luego ese dinero transita por la burocracia y, al final, le devuelve al ciudadano —no necesariamente al mismo que pagó el impuesto— una fracción de lo que le quitó. El Gobierno recaudó Q4 mil 839 millones por el IDP en 2025. Ahora propone “devolver” entre Q750 y Q1 mil 600 millones. ¿Y el resto? Se lo queda. ¿Y el costo administrativo de recaudar para luego devolver? Ese lo paga usted también. El subsidio no es un bondadoso regalo del Gobierno; es su propio dinero regresando —incompleto y tarde— después de alimentar a la maquinaria burocrática.
El daño del subsidio no se limita a su ineficiencia. Los precios comunican conocimiento. Cuando el Estado reduce artificialmente el precio del diésel o del propano, transmite una señal de falsa abundancia. Las empresas no invierten en eficiencia energética. Los consumidores no ajustan sus hábitos. El resultado es información distorsionada. Ya lo vimos en 2022: el gobierno de Giammattei despilfarró Q2 mil cien millones en subsidios, y el día en que vencieron, el diésel subió Q7 por galón —exactamente lo que el subsidio había reprimido—.
¿Por qué no eliminar el IDP en lugar de crear subsidios? Aquí el Gobierno revela sus verdaderas prioridades. El IDP al diésel es de Q1.30 por galón, pero a la gasolina súper llega a Q4.70 y a la regular, Q4.60. Eliminarlo aliviaría al consumidor de forma directa, sin intermediarios ni discrecionalidad. ¿Por qué no quiere el Gobierno? Porque el subsidio le permite al político decidir a quién le da, cuánto y cuándo. La rebaja de impuestos beneficia a todos por igual y no genera lealtades políticas. El subsidio es un instrumento de poder; la reducción de impuestos, una renuncia a ese poder.
Hay algo más grave. El IDP es inconstitucional, pero todos los políticos se hacen de la vista gorda. La Corte de Constitucionalidad (CC) ya lo declaró inconstitucional hace 20 años, por considerarlo una doble tributación. ¿Qué hicieron los pícaros diputados de ese momento? Lo que saben hacer mejor: un fraude de ley. Le cambiaron palabras al impuesto y lo volvieron a instituir ni bien la CC se dio la espalda.
Por si todo eso no bastara, se suponía que gran parte del IDP se usaría para el mantenimiento de carreteras. Usted no ha dejado de pagar un solo día de su vida el IDP, ¿y qué ha hecho el Gobierno con esos fondos? Solo ellos saben. Lo que puedo garantizarle es que no ha sido para darles mantenimiento a las carreteras, porque llevan más de dos años sin hacerlo. Las carreteras se caen a pedazos y el dinero del IDP no llega a donde la ley manda.
En consecuencia, el subsidio lo podemos resumir así: el Gobierno cobra un impuesto inconstitucional y fraudulento, desvía los fondos quién sabe para qué, y, por si eso no fuera suficiente, quiere que le aplaudamos por “devolver” una parte.
La solución no requiere un centavo de gasto nuevo: eliminar el IDP. Es inconstitucional, fraudulento, distorsivo y su destino legal —las carreteras— ha sido sistemáticamente ignorado. Eliminarlo respeta la señal de precios, no crea burocracia, no genera dependencia clientelar y devuelve al tributario lo que es suyo sin pasar por las manos del Gobierno. Los guatemaltecos no necesitamos más gobierno administrando crisis. Necesita menos gobierno creándolas.
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