Estados Unidos
EDITORIAL
Caso vacunas Sputnik exhibe megarretraso
Con la velocidad mostrada, Sputnik difícilmente llegará a juicio antes del 17 de mayo próximo.
|
Cinco años pasaron, desde la denuncia de la compra anómala, secreta y lesiva de vacunas rusas Sputnik, para que el Ministerio Público anunciara alguna acción. Declaró el fiscal Rafael Curruchiche que no se trataba de un “megacaso”, sino de un “incumplimiento”. Pero ha sido demasiado tiempo como para salir a tapar el sol con un dedo de frente. En mayo de 2021 —cuando todavía la fiscal general, Consuelo Porras, estaba en su primer período en el cargo— se anunció la pesquisa por el pago al contado de Q614 millones, al cual siguió una entrega por abonos de las vacunas. La negociación se hizo a través de un ente intermediario, mediante un contrato de confidencialidad que riñe con cualquier ley vigente en Guatemala.
La cartera de Salud pagó Q40 mil mensuales por cada contenedor refrigerado, durante un tiempo indeterminado. En ellos se almacenaron las vacunas sin usar, debido a su tardía entrega, que fue rebasada por las donaciones gratuitas de Estados Unidos. Pero el MP requería mantenerlas allí, a costa del erario, como “anticipo de prueba”. Dieron excusas, dieron largas y no hubo resultados. Menos aún cuando Porras fue reelecta por el presidente Alejandro Giammattei, en mayo de 2022. En algún punto del seguimiento del caso, el mandatario habría dicho que desconocía el contenido del contrato.
El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó bajo la Ley Magnitsky al “funcionario no electo” Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno, al señalarlo de “actos de corrupción”. El comunicado oficial de la sanción, que todavía está vigente, declara que “solicitó sobornos cuantiosos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala”.
El tardío anuncio de algunas capturas, incluyendo la de Amelia Flores, ministra de Salud en los tiempos de la pandemia, es decir durante el gobierno de Giammattei, solo refuerza los cuestionamientos acerca de la parsimonia de la Fiscalía para abordar graves escándalos de corrupción, algunos de los cuales siguen sin resultados o bien llegaron a arreglos muy convenientes con encartados. Basta citar el fraude en compra de equipo en el Hospital de Chimaltenango, el caso de defraudación tributaria por empresas de cartón denominado B-410 o la construcción inconclusa de un supuesto aeropuerto de carga en Escuintla, por el cual se entregó un cuantioso adelanto.
Por el contrario, ciertos casos contra opositores e incluso fiscales incómodos se basaron en denuncias anónimas y avanzaron con una celeridad delatora. Así también, otros procesos que avanzaron, pero en ruta favorable a prominentes politiqueros y exfuncionarios, fueron los del libramiento de Chimaltenango, las maletas con Q122 millones en efectivo o el fraude Odebrecht, que sí eran “megacasos”, pero con magros resultados, si acaso los hubo. Cabe mencionar que algunos de los fiscales que investigaban tales escándalos fueron acusados de delitos administrativos, y muchos de ellos han sido desechados en tribunales.
A 50 días del final del período de la fiscal Porras y después de ocho años al frente de la entidad, se hace necesario comenzar una criba rigurosa de la efectividad real en el combate de la corrupción y la consecución de justicia para de delitos de alto impacto, pues una institución como la Fiscalía debe distar de ser un garante de la impunidad; por el contrario debe ser un garante del estado de Derecho y la democracia. Con la velocidad mostrada, Sputnik difícilmente llegará a juicio antes del 17 de mayo próximo.
ESCRITO POR:
