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Usac: no hay buenos en esta pelea
¿Y la calidad de la educación universitaria? Bien, gracias. Esa poco le importa a la mayoría de los que quieren llegar al hueso.
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Walter Mazariegos fue reelegido rector de la Universidad de San Carlos (Usac). Lo logró mediante un proceso turbio donde el Consejo Superior Universitario (CSU) anuló 16 elecciones ganadas por la oposición. Con esta maniobra, redujo el quorum a 15 cuerpos electorales y aseguró su victoria. No hubo sorpresa: era el guion de 2022, con los mismos actores y similares, pero más refinados, métodos.
Es un grave error creerse el cuento maniqueo de los buenos contra los malos. Todos quieren la rectoría por las mismas razones: poder y dinero.
Como casi siempre, el problema es el sistema. El CSU opera como juez y parte. Los pocos controles que existían los fueron eliminando bajo la pantalla de la “autonomía”. Aprueba los reglamentos y, al mismo tiempo, administra el proceso electoral, lo que le permite aplicar selectivamente las reglas a su mejor beneficio. El resultado es el producto inevitable de un diseño en el que los mismos que redactan las reglas y las aplican, compiten bajo ellas.
Pero la triste realidad es que, al igual que en muchos otros procesos en Guatemala, no hay buenos en esta pelea. Es un grave error creerse el cuento maniqueo de que unos son los buenos y los otros son los malos. Todos quieren la rectoría por las mismas razones. ¿Y qué razones son esas? El premio mayor es el poder. La Usac designa magistrados de la Corte de Constitucionalidad, vocales de la Junta Monetaria, integrantes de la Junta Directiva del IGSS y asientos en las comisiones de postulación para la Corte Suprema, el TSE, el fiscal general y el contralor. Adicionalmente, designa representantes a más de 60 espacios en órganos claves del Estado. El rector de la Usac tiene más influencia real sobre lo que sucede en la política y en la justicia del país que la mayoría de los ministros del Gabinete, y la ejerce sin rendirle cuentas a ningún elector.
La guinda del pastel es un presupuesto de, por lo menos, Q3 mil 500 millones anuales, el cual puede manejar a su sabor y antojo —como se ha demostrado recurrentemente— sin que se le exija un solo indicador de desempeño. Ese presupuesto se usa, entre otras cosas, para repartir puestos y becas, con los cuales puede comprar lealtades que duren décadas.
Como bien lo enseña la escuela de la opción pública, cuando los retornos del control institucional son altos, estables y previsibles, y los costos de captura son bajos, los actores racionales invertirán recursos masivos para dominar ese control. La Usac concentra esas condiciones como ninguna otra entidad del país: presupuesto constitucionalizado, autonomía sin rendición de cuentas externa, poder sobre el sistema de justicia y reglas electorales que el propio repitente interpreta.
Por supuesto que se deben interponer las acciones legales que correspondan. La nueva Corte de Constitucionalidad tendrá sobre la mesa al menos 16 amparos sin resolver, y el nuevo fiscal general tendrá las denuncias de la Contraloría General de Cuentas. La oposición tiene todo el derecho de agotar las vías jurídicas contra un proceso viciado. Pero conviene no engañarse. Si esos amparos prosperaran y se repitiera la elección bajo las mismas reglas, con los mismos incentivos y con el mismo botín en disputa, el ganador probablemente sería otro nombre, pero practicando la misma captura. La solución no pasa por ungir a un dictador académico diferente. La verdadera salida pasa por desmantelar los incentivos perversos.
Tampoco hay que perder de vista la disputa entre las facciones oficialistas. Los de la vice presionando para quedarse con el hueso, los del presi haciendo su mejor esfuerzo para impedirlo. No hace falta más que ver la discusión que tuvieron en el pleno del martes y la infausta participación de algunos el miércoles en la Antigua para entender el trasfondo.
¿Y la calidad de la educación universitaria? Bien, gracias. Esa poco le importa a la mayoría de los que quieren llegar al hueso.
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