Estados Unidos
EDITORIAL
TSE debe auditar todas las afiliaciones partidarias
Es el ciudadano quien decide si apoyar un ideario, propuestas o discursos, verificando nexos, pasados y contextos.
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No es desconfianza, solo cumplimiento de la ley. Y ya que en este país se han visto muertos acarrear basura —y también aparecer afiliados en partidos políticos—, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede empezar a lucir su supremacía a través de un cotejo estricto de los nombres y números de identificación personal de los afiliados de todos los partidos inscritos. No basta con que digan tener los 28 mil 83 afiliados, actual mínimo establecido en la Ley Electoral para contar con un 0.30% del total del padrón electoral —9.3 millones de guatemaltecos—. Ni la democracia ni la representatividad política que los partidos proclaman pueden sostenerse sobre afiliaciones dudosas, firmas apócrifas o consignación de nombres de personas fallecidas, hayan sido adeptas o no.
Estamos en tiempos digitales, de interconexión en tiempo real de bases de datos y de comunicación multiplataformas: todo ello significa que no hay excusas para evadir una eficiente auditoría de integrantes. Si el actual TSE quiere recuperar credibilidad ante la ciudadanía —cuya inmensa mayoría no está afiliada a ningún partido— de cara al proceso de 2027, debe dejar atrás toda práctica de verificación superficial a la ligera, que por años ha permitido la existencia de partidos políticos sostenidos sobre estructuras administrativas débiles y, en algunos, posiblemente amañadas.
Actualmente, hay al menos ocho partidos que no reúnen el mínimo de afiliados: es obvio que no efectuaron las labores de proselitismo permitidas por la ley, y ahora están apurados por enrolar gente. En esta misma carrera están los comités proformación de partidos políticos, que son más de una veintena, aunque solo cuatro de ellos tengan posibilidades de lograr la cantidad necesaria de integrantes.
Ciertamente, hay partidos a los cuales la propia ciudadanía les da un rotundo no, incluyendo a exoficialistas. El desgaste de las incoherencias, la falta de credibilidad y, por ende, de votos les lleva a su eliminación, por no lograr un 5% de votos ni lograr siquiera una diputación: en abril último fueron eliminados nueve partidos por esa causa. El partido oficial, Movimiento Semilla, fue cancelado por el anterior TSE en sus últimos días, mientras que dejó sin suprimir al Partido de Avanzada Nacional (PAN), pese a que postuló candidaturas al Congreso, sin lograr ninguna.
Si bien los magistrados de TSE son elegidos por el Congreso, es solo el mecanismo institucional de designación: no le deben nada a ningún partido ni dirigente ni financista; su misión no es la sumisión, sino la aplicación equitativa y objetiva de la Ley Electoral. Pero ese control no puede seguir siendo meramente documental, con entregas de hojas impresas con nombres impresos o manuscritos: debe haber entrega de bases de datos estandarizadas con nombres completos, dirección exacta y número de DPI que es a la vez el de empadronamiento. Cualquier omiso, repetición o sustitución deben tener oportunidad de clasificación en plazo perentorio. A la vez, debe existir una eficiente opción en línea para que todo ciudadano pueda verificar si quizá su nombre figura en un listado sin su consentimiento, o para denunciar presiones, clientelismos o incluso algún tipo de compra de firmas.
Un partido político no puede existir solo porque tenga un logo, una sigla o un acrónimo con aires publicitarios. Pululan varios comités impulsados por exfuncionarios, tránsfugas y exdirigentes que quieren tener una llanta de repuesto: pero es el ciudadano quien decide si apoyar un ideario, propuestas o discursos, verificando nexos, pasados y contextos.
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