Estados Unidos
EDITORIAL
Una especie de redada financiera
En meses recientes se han publicado varios estudios académicos y técnicos sobre los costos económicos de las políticas contra migrantes.
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La más reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar controles financieros sobre personas sin autorización legal de estadía o trabajo, abre un nuevo frente en debate migratorio estadounidense: el acceso al sistema bancario, el manejo del dinero personal y el flujo de remesas. Aunque la medida se presenta oficialmente como un mecanismo para combatir lavado de dinero, evasión fiscal y fraudes, sus posibles efectos podrían extenderse más allá de los objetivos de seguridad financiera planteados.
Para Guatemala, el tema tiene una dimensión particularmente sensible: las remesas representan una quinta parte de la economía guatemalteca, que usualmente se reporta como consumo y ahorro. Son una fuente esencial de divisas y un ingreso que sostiene a flote a cientos de miles de hogares, en todo el país. En muchas comunidades rurales, los envíos desde Estados Unidos apuntalan el gasto del hogar y con ello de pequeños comercios, transporte local, construcción y acceso a servicios básicos como salud y educación. Es, según varios estudios, el factor más importante de reducción de pobreza.
Ahora bien, ese flujo proviene de millones de guatemaltecos migrantes, de quienes al menos la mitad no cuenta con estatus migratorio regular. Eso sí, trabajan de manera constante, pagan impuestos y utilizan servicios bancarios formales, lo cual les permite acceso a créditos para compra de vehículos y otros bienes. La orden ejecutiva no prohíbe las remesas, pero sí endurece requisitos para su envío, y lo mismo para el acceso a cuentas bancarias o créditos, que hasta ahora se podían tramitar con el registro ITIN (número de identificación tributaria estadounidense), el cual queda en entredicho de acuerdo con la medida dictada.
En un plazo máximo de 90 días, las autoridades bancarias deben plantear un pliego de reglas que endurezcan los procesos de verificación de identidad, estatus migratorio, origen del dinero y mayores monitoreos a las transferencias internacionales. Esto, a su vez, implicará nuevas exigencias de cumplimiento para bancos y empresas remesadoras, cuya postura se debe conocer en las próximas semanas, debido a que tales implementaciones podrían reducir sus depósitos y transacciones, así como requerir de costos adicionales asociados a sistemas tecnológicos, auditorías internas y capacitación de personal.
El año pasado se temía el impacto del impuesto a las remesas, que terminó fijado en 1%. Sin embargo, en esta nueva medida las empresas financieras podrían cobrar comisiones más altas, implementar procesos más lentos o fijar restricciones para ciertos perfiles de usuarios. Ello depende de lo que se reglamente de aquí a agosto. Hay un plazo de 180 días para analizar si se imponen restricciones adicionales, el cual estaría coincidiendo con las elecciones de medio término, lo que dará la lectura total de la ciudadanía estadounidense sobre esta y otras políticas.
En meses recientes se han publicado varios estudios académicos y técnicos sobre los costos económicos de las políticas contra migrantes, que siguen un discurso electoral que los acusa de supuestamente quitar empleos a ciudadanos. Un reciente estudio de la Universidad de Colorado, en Boulder, señala el impacto económico de la escasez de mano de obra debido a las redadas, sin que hayan mejorado las oportunidades o los salarios para residentes locales. La orden ejecutiva está emitida y hará falta ver sus efectos directos e indirectos, aunque, seguramente, para países como Guatemala podrían ser fuertes e inmediatos.
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