Estados Unidos
EDITORIAL
Postuladora de contralor se debe auditar desde ya
La Contraloría General de Cuentas no debe estar a merced de pactos subrepticios.
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De entrada, el cuestionado rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, no debería participar ni siquiera en la designación de dos representantes de los rectores universitarios para la postuladora de contralor general de Cuentas, porque tiene un grueso, obvio e ineludible conflicto de intereses, carece de finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, lo cual debió haber impedido su participación reeleccionaria en la ominosa votación del 8 de abril último y en todo caso sería un argumento adicional para invalidar tal amaño y exigir un proceso público y participativo.
Pero no es el único tentáculo que hay que cortar: allegados de dicho personaje figuran en rectorías y decanaturas de dos universidades recién creadas con el obvio fin de incidir en esta clase de procesos, con al menos cuatro votos comprometidos. Por no tener estudiantes y menos aún egresados, dichos planteles deberían abstenerse de figurar, por elemental ética. En los tiempos que vive el país, no hay lugar para convenencierismos sucios colados a través de intersticios leguleyos.
La misión de la Contraloría General de Cuentas y, por ende, de su titular, debe girar alrededor de un solo objetivo: garantizar la cuentadancia. Auditar el gasto público es una tarea que precisa de méritos técnicos, independencia y capacidad de fiscalización con celeridad. Quién esté a cargo de esa entidad debe actuar sin sesgos pero con firmeza, haciendo uso de los medios tecnológicos actuales para lograr una glosa eficiente. Esto es imperativo, debido al asedio constante de bandas de corruptos de cuello blanco y mente perversa. Los decanos de Ciencias Económicas no deben representar visiones obtusas, como ocurrió, lamentablemente, con ciertos decanos de Derecho en la pasada postuladora de fiscal general.
No somos ingenuos, y esa es la razón de este pronunciamiento , cuando recién se ha convocado a la integración de dicha postuladora: se necesita una auditoría cívica constante, porque, desafortunadamente, la designación del contralor general de Cuentas suele encontrarse en la mira de intereses de gavillas politiqueras desfasadas. Basta ver las aviesas conductas de ciertas bancadas respecto de la ley antilavado, que tratan de inutilizar con enmiendas envenenadas y al mismo tiempo declarando que están “apoyando”.
Por desgracia, el sistema de comisiones de postulación se ha visto permeado por facciones que intentan capturas institucionales. Es evidente que este mecanismo de elección debe ser modificado, pero en manos de este Congreso, plagado de dobles discursos, tendría que ser un proceso de discusión pública y multisectorial. En los dos colegios profesionales que eligen representantes para la postuladora de Contraloría se deben detectar y señalar los intentos de infiltración de lacayos de intereses politiqueros. No se deberían permitir tales farsas y es necesario exigir una declaración jurada de ausencia de conflicto de intereses; en todo caso, siempre se terminan trasluciendo los nexos.
La ley exige honorabilidad y también ausencia de reparos en la labor de contaduría pública y auditoría. Los rectores, los decanos y los delegados profesionales deben demostrar respeto al juramento de servicio a Guatemala que alguna vez prestaron. Las discusiones y votaciones deben ser públicas a lo largo del proceso. La tabla de gradación debe exigir lo mejor de los aspirantes, en favor de la probidad. La Contraloría General de Cuentas no debe estar a merced de pactos subrepticios, votaciones negociadas, cuotas gremiales ni afanes de influencia a través de lacayos.
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