Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), brindó una perspectiva sobre el avance de las discusiones de las enmiendas a la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, que continúa en discusión en una mesa técnica en el Congreso de la República.

El directivo reiteró la necesidad de contar con una legislación moderna para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), ante el acercamiento de la próxima quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Guatemala, así como los acercamientos que han tenido con varios sectores.

Fonseca participó el pasado 21 de mayo en el Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit), organizado por la ABG, donde la próxima Evaluación Mutua fue uno de los temas centrales.

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, informó durante la actividad que en las sesiones del 2 y 3 de junio se estaría agendando la iniciativa, ya con los acuerdos y el consenso alcanzados.

¿Cuál es el sentir de la ABG sobre la discusión de la iniciativa de ley antilavado?

En términos generales, nuestra visión es muy positiva. Sabemos que existe consenso sobre la necesidad que tiene el país de que esta ley sea aprobada.

Creo que ya lo que va quedando son los últimos “toques” y, como ABG, hemos colaborado mucho y participado en lo que nos pidan y en lo que podamos apoyar —en el Congreso de la República— para que tengamos una ley más eficiente y que cumpla con los requisitos del Gafi, para que Guatemala se mantenga fuera de esa lista gris, que es uno de los temas más importantes.

¿Por qué la importancia de contar con esta nueva ley y para el sistema?

Principalmente porque debemos cumplir con los requisitos que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tiene y con los que obligadamente la ley debe cumplir como mínimo. Lo ideal sería, tal vez, cumplir al 100%, pero por lo menos cumplir con un mínimo para pasar esa aprobación.

Pero, independientemente de cumplir con un requisito, existe la necesidad de tener una ley adecuada para regular todo lo relacionado con el control del financiamiento del terrorismo, la ley antilavado, entre otros.

Ese es un fundamento clave

Exacto. Es muy importante contar con una ley que “blinde” sobre esas estructuras que cada vez son más sofisticadas y que nos ayude a prevenir ese tipo de riesgos, que son a nivel mundial.

En ABG, ¿cuáles son los escenarios?

Sinceramente, el escenario pesimista no lo vemos.

Estamos totalmente optimistas porque, insisto, estamos seguros de que existe consenso total sobre la necesidad de aprobarla. Lo mencionó el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, en la actividad donde dijo que no hay un solo diputado que no quiera aprobar esta ley, entonces no cabe un escenario negativo en este momento.

En el horizonte se ve algún riesgo en que no pueda avanzarse…

Creo que es un tema en el que ya estamos en el último momento de algunos elementos muy específicos que hay que negociar, por decirlo así, para que se cubran o atiendan algunas dudas o temas específicos que -puede ser- que no gusten a algunos.

Pero, por decirlo así, es lo último que va quedando, pero es un tema que se va a solucionar.

¿O sea ya se agotó la discusión técnica por eso?

Exacto. Así es.

Esto ha sido una lucha de mucho tiempo en donde, como ABG, hemos participado en meses de trabajo, apoyando incluso con asesorías, reuniones y actividades de todo nivel, para que tengan más herramientas sobre cómo elaborar esta ley.

Entonces, toda esa parte técnica ya está bastante pulida. Son cosas mínimas de redacción o de bajar un poquito el tema de control en algunos casos, pero nada que vaya a ser de fondo.

Por lo tanto, estamos totalmente convencidos en ABG de que esto va a pasar, lo van a aprobar, porque el Gobierno, los diputados, el sector privado y el sector financiero sabemos que esto es de suma necesidad para el país.

De aprobarse la ley, ¿cómo será su fase de implementación?

Luego de que sea aprobada, tiene que definirse el reglamento y después deberá publicarse. Hay que realizar el reglamento, que es otro trabajo bastante minucioso que debemos realizar y creo que todos debemos colaborar.

No es un tema de dejar solamente a la Superintendencia de Bancos, sino que todos debemos apoyarla para que ese reglamento también quede lo mejor posible y en el menor tiempo posible, porque en el 2027 tenemos que estar listos —en la Evaluación Mutua—.

Con esta aprobación de la ley, ¿se puede pasar el examen de la Evaluación Mutua de gabinete?

Ahí va a depender también mucho de que ese reglamento —de la ley— se termine. Entonces, ese reglamento tiene que quedar ya en función para que cuando ellos vengan ya esté en funcionamiento esta ley; no se trata solamente de la aprobación.

La embajada de EE. UU., la semana pasada emitió un mensaje sobre la aprobación de la ley, ¿qué significa?

Es el apoyo y una claridad de la necesidad que tiene el país. Que la embajada se tome, por decirlo así, la molestia de emitir una comunicación de este tipo, en la que exhorta a que se apruebe la ley, habla mucho de la importancia que tiene y, además, de que es una necesidad no solo interna, sino a nivel mundial.

Entonces, Guatemala, para estar presente en todo lo relacionado con la economía mundial, debe tener una regulación adecuada.

El Cacif y otras cámaras empresariales han enviado mensajes sobre la aprobación y los riesgos que implica…

Hemos dedicado espacios con el sector privado organizado para que conozcan la ley. Nosotros hemos llevado a los técnicos para explicarles el contenido de la ley y que conozcan las consecuencias de no cumplir con los requisitos. Esas consecuencias ya son negativas para el país.

Las consecuencias que podría tener para el país entrar en esta crisis son inmensamente negativas. No es un solo tema que afecte al sector financiero; esto va a afectar a todo nivel.

Entonces ¿no ve que entremos en esa lista?

No. Yo creo que sería un retroceso terrible, que no creo que en estos momentos Guatemala permita que se llegue a una situación de ese tipo.

¿Cuál sería su mensaje a los agentes económicos que le están dando seguimiento?

Diría que hoy por hoy los agentes económicos ya están enterados, y previamente los hemos convocado. Nosotros, como ABG, impulsamos mesas de trabajo con diferentes sectores, entonces ya existe una conciencia muy grande, hay claridad y más información, porque hace algunos meses realmente había mucho desconocimiento y, digamos, una mala interpretación tal vez de lo que la ley en sí era.

Hoy en día creo que están bastante más tranquilos y que existe conciencia en todos los sectores.