Estados Unidos
Editorial
Intentos de blanquear hasta el sabotaje
El combate del lavado de activos en Guatemala debe quedar actualizado y fortalecido sin pretextos en el pleno extraordinario convocado para el próximo martes 2 de junio.
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Con ciega locura, cierto combo de diputados de unas cuatro bancadas se ha encargado de entorpecer la aprobación de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Pero lo hacen, vociferando en público que sí la respaldan y hasta firmaron el dictamen, pero en la práctica intentan introducir maliciosas enmiendas de curul que condicionarían, limitarían e incluso imposibilitarían la aplicación de la norma. Ya que no pueden evitarla —porque con ello terminarían de confesar oscuras pleitesías— intentan inutilizar la herramienta.
Toda esa perorata de supuesta búsqueda de “consensos” y discusión de “enmiendas técnicas” es una máscara burlona para disfrazar el perverso objetivo: sabotear las posibilidades de mayor control, rastreo y combate del lavado de dinero. La 6593 ya no necesita de más manoseos: necesita ser aprobada de urgencia. La iniciativa de ley que el Ejecutivo entregó en julio pasado ya recibió dictamen de la comisión respectiva, ya tiene el aval de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, que han expuesto repetidamente la necesidad de esa norma para que el país no se vea en riesgo de caer en lista gris internacional y, la semana recién pasada, la Embajada de Estados Unidos exhortó a aprobar una ley acorde a estándares internacionales.
Integrantes de las bancadas denominadas “Cabal”, “UNE”, “Valor” y “Vamos” siguen haciendo la pantomima de apoyo, cuando en realidad están intentando debilitar esta y otras leyes, como la de Extinción de Dominio. Ya lo intentaron una vez en la última sesión del período ordinario, el 15 de mayo último, al introducir oscuras enmiendas de curul para trastocar el fondo. Cuando el presidente del Congreso suspendió la plenaria, culparon a otros de “no querer aprobarla”.
Pero no solo se dieron baños de pureza, que en realidad fueron de lodo ante la opinión pública: al rezagar la aprobación también ganaron más tiempo de vigencia de la ley actual, que resulta insuficiente porque ya tiene 25 años de antigüedad y no cubre toda una gama de prácticas contemporáneas que pueden ser susceptibles de blanqueo de capitales malhabidos, ya sea por corrupción, por extorsiones o por narcotráfico. La nueva norma agrega actividades sujetas a regulación, auditoría y declaración: cada día perdido sin renovar el marco legal lo ganan los lavanderos.
Mientras tanto, siguen tratando de colocar frases leguleyas que solo apuntan a concretar aquel infausto dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”. Pero eso no se puede ni se debe permitir, sobre todo si se observan los nombres de los entorpecedores y sus nexos, no solo politiqueros, sino en las regiones donde viven. Parecen no darse cuenta de que ya socavaron su propia credibilidad, sobre todo porque sus máximas figuras partidarias han guardado un silencio elocuente y cómplice del despropósito.
Quizá creen algunos o todos estos trasnochados que aún estamos en la década de 1980, cuando lo que se decía en un lugar apenas se podía conocer en otro. Vivimos tiempos digitales y de ciudadanía activa: los discursos se pueden cotejar contra las acciones —acordes o hipócritas— en tiempo real. Así que tales estratagemas de dos caras, a lo Judas, no solo son deleznables, sino públicamente abyectas. Así que no se necesita perder más tiempo en instancias de dilación legislativa. El combate del lavado de activos en Guatemala debe quedar actualizado y fortalecido sin pretextos en el pleno extraordinario convocado para el próximo martes 2 de junio. Sin enmiendas tramposas. Sin cambios lesivos. Y todos los que quieran seguir defendiendo sucios intereses estarán aún más en evidencia.
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