Estados Unidos
EDITORIAL
Unánime exigencia de ley antilavado sin amaños
¿De qué lado están los diputados y las bancadas del Congreso?
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¿De qué lado están los diputados y las bancadas del Congreso? Ya lo vienen demostrando con sus intentos de entorpecer o debilitar la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Aprobar una norma trastocada sería tan nefasto como no aprobarla. Las dilaciones tienen nombres y logos. Las enmiendas envenenadas tienen obvios nexos y malas intenciones. Pero la situación ha llegado a tal punto que no basta con votar a favor: el Congreso debe aprobar una norma estratégica de calidad internacional, porque un solo engranaje roto en el combate al lavado convertiría inmediatamente a todo el país en un paraíso de blanqueos corrosivos.
Sectores empresariales, académicos e institucionales de todo el país claman en forme unánime y unívoca por la aprobación de una legislación íntegra, técnicamente sólida y alineada con los requerimientos mundiales de combate a la criminalidad organizada. Tal como lo expuso ayer en pleno el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif (Cacif), de no aprobarse correctamente esta ley, el país se enfrentaría a devastadores sanciones internacionales en materia financiera, descritas como una “sentencia de muerte económica”.
No es una exageración. Las consecuencias de la tardanza y las intentonas de debilitar la iniciativa 6593 golpearían a millones de guatemaltecos, que son ciudadanos, que votan en las próximas elecciones y que sabrán quiénes traicionaron sus obligaciones. Todos esos partidos y tránsfugas que en cada campaña se llenan la boca hablando de atraer inversiones al país, deben caer en la cuenta de que serán directamente responsables de arrastrarlo a una lista gris —y ellos, en lista negra— por su empecinamiento en proteger los alambiques clandestinos del lavado.
Son indeseables los eufemísticos “consensos” que solo busquen el debilitamiento de la fuerza legal e institucional del país contra el dinero sucio. Estar bajo sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), por falta de ley antilavado o por una chambonada politiquera, implicaría que cada transferencia, cada crédito, cada inversión y cada operación internacional vinculada podría verse bajo escrutinio, retraso o incluso bloqueo, según advirtió ayer el sector productivo organizado.
La Asociación de Exportadores secundó la advertencia al señalar que una caída en lista gris impactaría en el comercio exterior y en las remesas, que son claves para la construcción o adquisición de viviendas, con resultado de decenas de miles de empleos perdidos, directos e indirectos. ¿Quieren cargar con ello esos diputados de doble cara que ya andan en campaña? Ante la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca más controles sobre las remesas, ya se planteó un cabildeo. Pero ¿qué va a ofrecer Guatemala sin una norma acorde a estándares internacionales? La Embajada de EE. UU. exhortó a aprobarla con celeridad y sin cláusulas escondidas.
No hay que inventar nada: solo hay que cumplir con la historia y los tiempos acuciantes que vivimos. El país no tiene margen para leyes mutiladas, decretos de apariencia, avales de pantomima. Es obvio que ciertos diputados procuran resquicios de opacidad, pero las simulaciones hoy se traslucen en tiempo real. “Pasar una mala ley no nos quita el problema”, señaló acertadamente el presidente de Cacif, Carlos Arias. Después de meses de mesas “técnicas” y “revisiones”, debilitar la iniciativa solo pone al Estado de Guatemala en entredicho y únicamente beneficiaría a las redes delictivas en detrimento de la inmensa mayoría.
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