Estados Unidos
Editorial
A jalones y empujones pasa ley antilavado
Todos los partidos políticos necesitan presumir que apoyan el combate del blanqueo y, por ende, de todo dinero ilícito, de cara a las elecciones del próximo año.
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Ahora resulta que todas las bancadas, incluidas las más recalcitrantes opositoras hace un mes, sí querían aprobar la ley antilavado sin limarle las uñas ni quitarle los dientes. Hasta dirigentes partidarios que mantuvieron silencio cómplice con la dilación durante semanas salieron a intentar robar cámara viral y a tratar de fingir liderazgo mediante llamados a la aprobación de la iniciativa 6593, que fue presentada al Congreso el 25 de julio del año pasado, pasó nueve meses en comisión legislativa para dictamen y fue aprobada en tres lecturas, pero después se estancó por intentos de dudosas enmiendas de curul cuyos impulsores quisieron vender la idea de que eran los demás quienes no deseaban la norma: tiraron la piedra y escondieron la mano.
Los denominados “consensos” que permitieron el aval de ayer no eran nada del otro mundo y bien pudieron lograrse desde semanas atrás. Pero es obvio que no era eso lo que buscaban. Por más dignos y soberanos que quieran hacerse pasar, es evidente que fue la fuerte presión multisectorial y las lacónicas —pero elocuentes— exhortaciones de Estados Unidos las que les levantaron la mano en la plenaria de ayer. De hecho, podría mencionarse que un factor de tácita presión a las objeciones declaradas o subrepticias de la 6593 es la reciente confirmación de apoyo técnico estadounidense para el combate del narcotráfico en el país.
Los segmentos y artículos de la propuesta de ley fueron aprobados todos con más de las dos terceras partes de los votos de los presentes, que eran 147 y, en algunos casos, por unanimidad. Los fanfarrones de siempre salen a decir que no fue por presiones, sino por “acuerdos”, que se logró esto, pero la sola historia de avales de la décima legislatura exhibe la realidad.
Además, queda claro que todos los partidos políticos necesitan presumir que apoyan el combate del blanqueo y, por ende, a todo dinero ilícito, de cara a las elecciones del próximo año que ya suscitan pasiones, precoces anuncios de presidenciables y anticipadas propagandas virales de las cuales nadie se hace institucionalmente responsable, pero que “alguien” debe estar sufragando. En fin, ello ya obra en forma de denuncias en el Tribunal Supremo Electoral, junto a eventos de proselitismo que parecen por momentos cruzar la raya de la propaganda.
La Intendencia de Verificación Espacial (IVE) tiene, según quedó establecido, un plazo de seis meses para crear el reglamento de aplicación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que ahora abarca otras áreas, actividades y requerimientos que la anterior norma de 2001 no tenía. Esto mismo implicará una evolución de la IVE, para poder efectuar un monitoreo más completo de transacciones. Es precisamente por ese tipo de plazos que urgía una aprobación de la ley, para no incurrir en incumplimiento de cara a la próxima revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
En la norma recién aprobada se estipuló que las alertas de la IVE por sí solas no tienen un valor probatorio, por ser de carácter preliminar, pero que el Ministerio Público podrá utilizarlas como indicio para desarrollar pesquisas. En todo caso, la labor de la IVE y la Superintendencia de Bancos sigue siendo un pilar del combate de los dineros sucios provenientes del contrabando, el narcotráfico, las extorsiones, la corrupción y otras fechorías. Al momento de redactarse este texto, el proyecto de ley aún se encontraba en proceso la lectura final de artículos, pero —al parecer— los intentos de introducir enmiendas de última hora estaban conjurados.
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