Estados Unidos
EDITORIAL
La politiquería le tiene tirria al finiquito
La exigencia del finiquito fue incorporada a la ley electoral precisamente para establecer un filtro mínimo de responsabilidad.
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Si algo resulta incómodo para la politiquería, es bueno para el bien común: es un axioma que podría deducirse a partir de múltiples prácticas nocivas en la administración pública. La constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, popularmente conocida como finiquito, constituye un requisito legal para la inscripción, participación electoral y eventual toma de posesión de toda persona que ha administrado fondos públicos. El documento es emitido —o denegado, según el caso— por la Contraloría General de Cuentas, con base en la auditoría respectiva de la gestión de cargos, cuyas condiciones fueron libre y voluntariamente aceptadas e incluso perseguidas en campaña.
La obtención de este certificado es obligatoria para todo alcalde o exalcalde que busca elección o reelección, también para funcionarios que deseen postularse electoralmente y toda persona al frente de entidades públicas que busque un nuevo período. Por eso, desde inicios de año ha sonado —y desde mayo muchísimo más— la falta de finiquito del dudoso rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, quien, pese a ello, se postuló al cargo a sabiendas de que no podría tomar posesión en tanto y en cuanto no le sea emitido. Existiendo tantos reparos contables, no lo obtendrá a tiempo, lo cual debería ser indicio irrefutable de la invalidez de todo el proceso.
El caso es que estamos en año de elección de contralor General de Cuentas, cargo técnico que rige la entidad auditora del Estado. Por eso, la designación de este puesto desata la avidez politiquera, en el intento de amarrar pactos con ciertos aspirantes que les aseguren laxitud y aquiescencia, sobre todo en año previo de elecciones, cuando hay miles de requerimientos de finiquito, precisamente para poder inscribir a sus candidatos.
Por ello se señalaba en días anteriores el afán común mazarieguista y politiquero de incidir en la postuladora, a través de delegados de la Usac, de colegios de contadores públicos e incluso universidades que ni siquiera tienen egresados, pero sí facultad de Economía. Están por verse intentos de cooptar la postuladora en favor de opacos propósitos, por lo cual es necesaria la más importante auditoría: la de la ciudadanía.
Aunque la segunda fase de la elección de contralor ocurre en el Congreso, sobre la nómina previa, el proceso centra la avidez de partidos políticos y facciones tránsfugas de ese organismo, entre las cuales incluso se cuentan personeros de algunas universidades participantes en la postulación. El riesgo es que sean estos retorcidos propósitos los que dominen la designación de ese cargo y no la recta criba del gasto público.
La exigencia del finiquito fue incorporada a la ley electoral precisamente para establecer un filtro mínimo de responsabilidad para los aspirantes al manejo de recursos públicos. No garantiza por sí sola la probidad de un candidato, pero al menos obliga a dar cierta claridad de los rubros de ejecución. En otras palabras, la elección del contralor tiene una dimensión estratégica para el interés del ciudadano, y a eso es a lo que más temen los grupos electoreros. Se han dado casos de aspirantes sin finiquito que han forzado su inscripción mediante órdenes judiciales, pero eso solo los pinta de cuerpo completo y no debería permitirse. Existen, además, muchas denuncias de la Contraloría actual que no fueron investigadas por la anterior fiscalía general y sin duda serán una piedra en el zapato de la politiquería. Por eso la función de la CGC debe permanecer técnica y la comisión postuladora debe enviar al Congreso una nómina bien auditada.
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