Estados Unidos
EDITORIAL
Tragedia telúrica en Venezuela nos concierne
Los terremotos tienen una característica que los distingue de casi todos los demás desastres naturales: nadie puede predecir el momento exacto en que ocurrirán.
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Comenzamos con una pregunta retórica: ¿Estaba Venezuela preparada para un terremoto? Como cuestionamiento concreto, ciudadano y gubernamental, podemos preguntar ¿Está Guatemala preparada para un terremoto? Y no nos referimos solo a esos simulacros de evacuación que rompen la rutina laboral en cualquier día y sirven para tratar de fomentar, anticipadamente, la calma durante un evento telúrico: la respuesta también abarca las normas antisísmicas para la construcción de viviendas de todo tipo, el ordenamiento territorial para que no se ocupen zonas de alta vulnerabilidad y, por supuesto, la investigación y monitoreo científico de las fallas tectónicas del país.
Los terremotos tienen una característica que los distingue de casi todos los demás desastres naturales: nadie puede predecir el momento exacto en que ocurrirán. Sabemos que pueden ocurrir, sobre todo en un territorio surcado de fallas. El trágico doblete sísmico ocurrido en Venezuela es un recordatorio contundente. Van unos 200 fallecidos y mil heridos, pero las operaciones de descombramiento de edificios derrumbados no han comenzado y tal cauda mortal aumentará. Las operaciones de rescate continúan, mientras la comunidad internacional moviliza ayuda humanitaria y equipos especializados.
Venezuela está a miles de kilómetros de Guatemala, pero tiene en común con este país al llamado Cinturón de Fuego, donde se ubicaron los epicentros de los terremotos: una enorme franja sobre la cual ya han ocurrido este mismo año fuertes sismos en Japón, Filipinas y Perú. Nuestro país está en punto de confluencia de tres grandes placas tectónicas cuya actividad se siente, literalmente las de Cocos, del Caribe y de Norteamérica.
Esa combinación convierte a Guatemala en una de las regiones con mayor actividad tectónica del continente. Estos movimientos, sumados a los de fallas secundarias, han originado temporadas de enjambres sísmicos en el oriente del país, así como frecuentes temblores que no son sensibles. El terremoto del 4 de febrero de 1976 dejó más de 23 mil personas fallecidas, alrededor de 76 mil heridos y más de un millón sin vivienda. A partir de aquel desastre se creó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, para contar con un mejor monitoreo de los factores de riesgo. Dicha institución sigue relegada en recursos, tecnología y personal, situación que empeoró en los dos gobiernos anteriores, debido a nombramientos por compadrazgo de completas nulidades.
Pero a partir de aquel desastre, que asoló el país, se resaltó la necesidad de un código nacional de construcción, con requerimientos básicos para asegurar la solidez de casas, edificios, planteles escolares, puentes y toda infraestructura. Gran novedad, apenas pasadas las conmemoraciones del 50 aniversario del terremoto, el Ministerio de Comunicaciones publicita en sus canales digitales que está “impulsando” la elaboración de dicho reglamento, junto a colegios profesionales, especialistas y organismos internacionales.
Por desgracia, vamos medio siglo tarde y, para mayor riesgo nacional, tal reglamentación deberá pasar por el alambique, a menudo necio y convenenciero, del Organismo Legislativo, a riesgo de que si no adquiere carácter de ley, sea burlado, así como ocurrió con las normas para desechos sólidos y aguas servidas, que quedaron varadas. Una vez avalada, vendría una etapa de aplicación concreta para salvar vidas. Mientras tanto, solo queda esperar y orar.
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