Estados Unidos
Editorial
Subsidio sigue pese a baja en precio de carburantes
El retiro del subsidio no debería traducirse en incrementos adicionales.
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Desde el inicio de la vigencia del subsidio de Q5 al galón de gasolina y Q8 al de diésel, decretado por el Congreso como una medida extraordinaria ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, debieron definirse criterios objetivos para su reducción o finalización en caso de una vuelta a las condiciones normales de mercado. El decreto 11-2026 solo estipula un plazo de tres meses o hasta que se agote el fondo de Q2 mil millones. En efecto, desde hace al menos 10 días, los precios de combustibles llevan una tendencia a la baja, por lo cual no hace mucho sentido mantener el subsidio, del cual restan actualmente unos Q500 millones.
En otras palabras, el Congreso debió incorporar desde su origen una verdadera cláusula de salida que permitiera optimizar el uso de los recursos públicos conforme disminuyera la presión sobre los precios. El acuerdo de Estados Unidos e Irán empuja la paulatina estabilización de los mercados petroleros. Siempre hemos dicho en este espacio que todo subsidio es injusto porque todos lo pagan, mas no todos reciben por igual el beneficio.
Los contribuyentes guatemaltecos siguen absorbiendo parte de la factura petrolera, tengan o no vehículo automotor. Por supuesto, allí entra el discurso oficial de que ese gasto supletorio buscaba contener el aumento en los precios de productos de la canasta básica, artículos de consumo diario y las tarifas del transporte público. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un monitoreo de precios objetivo, sistemático y confiable que permita medir ese efecto. Para el ciudadano de a pie, los taxis y hasta los mototaxis siguen cobrando prácticamente lo mismo que cuando se dispararon los costos de los combustibles.
Ya se gastaron Q1 mil 500 millones y la decisión más sensata sería detener el beneficio, precisamente por respeto a la ciudadanía más vulnerable. Por ejemplo, cabe mencionar el caso del Ministerio de Agricultura, que recientemente solicitó recursos para atender programas de seguridad alimentaria infantil agudizada por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. Dicha cartera pide ahora Q55 millones, pero aportó Q58 millones al subsidio, y ahora los necesita para atender sus propias responsabilidades: una evidencia más de los inconvenientes de los subsidios, sobre todo aquellos motivados por politiquería preelectorera.
El Ministerio de Energía y Minas, autor del reglamento del subsidio, es el encargado de determinar la finalización del programa y debería hacerlo sin mayor dilación, procurando reducir los efectos previsibles de tal conclusión. En todo caso habría que analizar si no contraviene el decreto legislativo redactado y avalado a la carrera en abril. El fin de dicho beneficio, ya sea adelantada o hasta que se agoten los fondos, conducirá probablemente al fenómeno colateral de súbito aumento de demanda de combustible para abastecer vehículos, pero esto forma parte de las dinámicas de mercado.
En cuanto al impacto en otros precios de productos y servicios relacionados con el transporte, el retiro del subsidio no debería traducirse en incrementos adicionales, pues durante su vigencia no se observaron reducciones proporcionales al descenso registrado. No faltará el burócrata que intente atribuir esa aparente estabilidad a esa ayuda, pero en todo caso se necesitaría presentar estadísticas sólidas y objetivas de precios. Lo cierto es que el aumento nunca desapareció: solo fue trasladado al conjunto de los contribuyentes, incluidos todos aquellos que no poseen vehículos.
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