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EDITORIAL
Síntoma preocupante en Santiago Atitlán
El territorio de Santiago Atitlán es colindante con la bocacosta y es amplia puerta con muy poca vigilancia de una ruta lacustre.
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Son deplorables los incidentes violentos ocurridos el miércoles último en Santiago Atitlán, Sololá, cuando un grupo de opositores arremetió contra el alcalde municipal, Francisco Coché Pablo, y algunos familiares de este, además de incendiar un museo local. No existe justificación para este tipo de acciones, ni siquiera en el derecho consuetudinario que ciertos agresores supuestamente dicen representar. El alcalde Coché Pablo fue electo en el 2023 y desde 2024 hubo quejas por deficiencias en su gestión, que devinieron en manifestaciones en su contra, lo cual condujo al cierre del edificio edilicio por tres semanas.
El Tribunal Supremo Electoral anterior habría autorizado que el concejal primero asumiera el cargo por supuesto abandono, pero el alcalde regresó mediante un amparo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, una cosa es ser oposición y otra convertirse en perpetradores de actos violentos, lo cual ninguna tradición ancestral aprobaría. Si hay denuncias de la comisión de posibles delitos, se deben interponer en el Ministerio Público, a fin de evaluar un proceso de antejuicio: de haberse emprendido de forma adecuada este asunto, ya se habría avanzado en esa vía institucional.
No obstante, también se pueden suponer otras ambiciones de poder detrás de esta conflictividad, porque no se trata de la única pugna latente. Conforme se aproxima el proceso electoral, comienzan a acicatearse rivalidades. En algunos casos obedecen a descontentos obvios por deficiencias, desatinos y discrecionalidades de la gestión, lo cual es prácticamente normal en todo proceso político. Pero en el caso de Atitlán, el asunto requirió de la intervención policial para rescatar con vida al jefe edilicio y su familia.
No es aventurado suponer también otra clase de afanes detrás de este tipo de incidentes: contratos o financiamientos de campaña, disputas de poder partidario local, uso de recursos de Codedes, influencias de legisladores o aspirantes a diputaciones distritales. Tampoco se debe olvidar que existen bandas de trasiego de mercancías, personas, drogas y armas que suelen codiciar ascendientes sobre ciertas regiones. El territorio de Santiago Atitlán es colindante con la bocacosta y es amplia puerta con muy poca vigilancia de una ruta lacustre.
En los prolegómenos de cada proceso electoral guatemalteco son recurrentes los riesgos y síntomas de conflictividad en ciertas demarcaciones. Los municipios costeros y fronterizos suelen estar literalmente en la mira de grupos delictivos que buscan infiltrar las corporaciones municipales, a fin de tener influencia en decisiones y proyectos, así como acceso a información sobre planes operativos de seguridad. Alcaldes de varios municipios extraditados en los últimos años exhiben este apoderamiento, ante el cual el TSE está obligado a endurecer la auditoría en cuanto a financiamientos, donaciones y gastos de campaña.
Otro ejemplo de corredores con poca presencia del Estado es el paso entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, que se activa periódicamente y en el cual ya se han detectado influjos de ciertos carteles. Por ello, es urgente una pesquisa ágil de la Policía y el Ministerio Público, para aclarar lo que está en el fondo de los disturbios de Atitlán y, asimismo, deducir responsabilidades a quienes resulten responsables de la destrucción de propiedad pública. Se necesita sentar precedentes judiciales, pues la impunidad siempre actúa como un incentivo perverso, y esto aplica tanto al alcalde como a sus agresores.
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