Estados Unidos
EDITORIAL
Encarecida petición pone en vergüenza a la justicia
Hoy hace 15 años se presentó la denuncia por la desaparición de Cristina Siekavizza, un caso que aún sigue sin resolverse.
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En 2025, el Ministerio Público registró 206 víctimas de femicidio, frente a 180 en 2024: un notorio repunte de crímenes contra mujeres que a menudo fueron precedidos por agresiones previas, pero perdidas en el subregistro y, por ende, en impunidad. Según análisis estadísticos, de las mujeres guatemaltecas que sufren algún tipo de violencia física, verbal, psicológica y sexual, solo un 10% presenta denuncia ante las autoridades. El año pasado fue el más bajo en este tipo de quejas en una década y no porque no ocurran los ataques, sino a causa del miedo, la indefensión y la inoperancia de la justicia. Solo la justicia efectiva contra agresores y victimarios será un disuasivo para frenar esta barbarie, que con frecuencia ocurre en el entorno del hogar, a la vista de los hijos y con terribles desenlaces.
Hoy hace 15 años se presentó la denuncia por la desaparición de Cristina Siekavizza, un caso que aún sigue sin resolverse. El supuesto inicial fue un secuestro, pero pruebas de luminol y el testimonio de la empleada doméstica apuntaron directamente al esposo de la víctima, Roberto Barreda, como presunto responsable y cuya progenitora, la ex magistrada y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia Beatriz de León, fue señalada de amenazar a la testigo, pero en 2020 se libró de ir a juicio por un criterio de oportunidad dudosamente aplicado.
Barreda murió en prisión durante la pandemia, tras haber estado escondido en México, con otra identidad, junto a sus hijos. Tras 15 años de búsquedas, excavaciones, hipótesis e interferencias, el paradero de los restos de Cristina sigue siendo desconocido. Sus hijos ya no son aquellos pequeños que aparecían en las noticias de hace tres lustros. Ayer participaron en una conferencia de prensa en la cual hablaron públicamente por primera vez sobre su mamá.
Con gran dignidad, Roberto José y María Mercedes no pidieron venganza. No reclaman indemnizaciones. Piden algo más elemental, pero lógico y entrañable: poder localizar los restos de Cristina para darle cristiana sepultura y cerrar su duelo. Pidieron información que les permita lograr esto: una petición que constituye una vergüenza para el Estado, debido a la obvia cadena de complicidades implícitas en el momento de la desaparición. Quien sepa algo que pueda ayudarles, debería hablar para no llevarse eso a la tumba.
Este caso es emblemático porque refleja el amplio impacto de la violencia contra la mujer: no solo arrebata una vida, sino golpea a seres que sí aman, sí sienten y sí extrañan esa vida que un energúmeno arrebata. En 2018 se estableció el protocolo de búsqueda Isabel-Claudina, que lleva los nombres de dos guatemaltecas que también perecieron por la brutalidad combinada con la parsimonia estatal. Miles de guatemaltecas han sido localizadas, pero también hay centenares para quienes no se llegó a tiempo.
Por eso es importante la búsqueda expedita, pero también sentar precedentes ejemplares como la sentencia de 70 años contra Kevin Rivas Cordón, por el crimen contra su prima Litzy Amelia. Aún está pendiente el juicio contra María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, presuntos victimarios de Melisa Palacios, brutalmente asesinada en Zacapa en 2021 y cuyo proceso estuvo plagado de barreras y amaños de jueces. Otro caso es el del homicidio de Floridalma Roque, en el cual figura como acusado el cirujano plástico Kevin Malouf, quien intentó desaparecer los restos al descuartizarla y ocultarlos en otro lugar. Por mucho tiempo se trató de vender su caso como un homicidio doloso, pero una sala ordenó que fuera a juicio bajo la acusación inicial.
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