Estados Unidos
Editorial
Impacto climático devela duras realidades rurales
La prevención y recuperación deberían formar parte de una política pública de largo alcance, pero no solo en el discurso.
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“Lo perdimos todo”, es la frase de una madre en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, pero se repite en decenas de aldeas de este y otros municipios cercanos, en donde centenares de viviendas han quedado anegadas a causa de las inundaciones y desbordamientos de ríos por las intensas lluvias en la región. Se reportan impactos también en Chahal, Cahabón y Panzós, comunidades que tienen en común otro factor: figuran entre las más rezagadas en los monitoreos del índice de desarrollo humano de PNUD, indicador que sintetiza las oportunidades de las personas para vivir con dignidad y seguridad, acceder a la nutrición y educación y contar con oportunidades para la mejora. Alta Verapaz es el departamento con menor promedio de este indicador.
Pero no son estadísticas: son el contexto que explica por qué una tormenta tiene consecuencias tan marcadas. Por supuesto, también hay otras variables, como la ausencia de ordenamiento territorial o la falta de políticas preventivas para que las áreas pobladas no queden tan vulnerables. Pero ya con la emergencia encima, la prioridad es establecer mecanismos de albergue y nutrición dignos para los afectados.
La niñez suele quedar vulnerable en más de una forma en estas situaciones: cuando las escuelas se inundan o quedan aisladas por el colapso de caminos, se interrumpe el proceso educativo, pero también cuando las instalaciones son habilitadas como albergues temporales. Aumenta, además, el riesgo relacionado con el consumo de agua contaminada, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias y la proliferación de mosquitos. A ello se suma el impacto emocional que supone abandonar el hogar, perder sus pertenencias o vivir hacinada en un salón durante días.
La respuesta inmediata debe incluir brigadas médicas que recorran las comunidades afectadas para atender a la población, prevenir brotes epidemiológicos y garantizar la atención de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores; así también ofrecer apoyo en salud mental a quienes enfrentan pérdidas materiales. Para muchas personas, esas pérdidas representan el patrimonio acumulado a lo largo de toda una vida. Recuperarlas puede tomar años. Por eso, el impacto económico de un desastre climático suele ser mucho más dramático para quienes ya enfrentaban condiciones de pobreza y exclusión.
El desastre no crea por sí mismo las desigualdades, pero sí las amplifica. Las imágenes que hoy llegan desde Alta Verapaz no son solo consecuencia de lluvias extraordinarias; también son el reflejo de décadas de rezagos en infraestructura, planificación territorial, calidad de gestión municipal, acceso a servicios públicos y oportunidades de desarrollo. Por eso, la emergencia debe abordarse desde una perspectiva más amplia y no solo desde la premura del momento.
Lo esencial, a la larga, es discutir con seriedad cómo reducir la vulnerabilidad y ampliar la discusión a otras regiones del país que podrían estar en riesgo ante ulteriores sistemas lluviosos. La prevención y recuperación deberían formar parte de una política pública de largo alcance, pero no solo en el discurso. Ni la ayuda humanitaria ni los programas de reconstrucción comunitaria pueden convertirse en instrumentos de clientelismo político ni en reels para promover la falsa imagen de políticos en campaña anticipada. En este momento, los municipios de Alta Verapaz precisan de las plegarias y la solidaridad de los guatemaltecos, así como de una nueva toma de conciencia acerca de que nadie está excluido del riesgo climático.
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