Estados Unidos
Ideas
¿Reglas que cambian a medio partido?
La omisión de la consulta fue una falla del gobierno, no del inversionista. Tratar de corregirlo de la peor manera solo puede ser muestra de ignorancia o de mala fe.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el acuerdo con el que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocaba a una consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal sobre la hidroeléctrica Palo Viejo. Días después, el Cacif y la Cámara de Industria presentaron acciones de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo. Lo más importante aquí es que esa planta opera desde 2012.
El gobierno quiere consultar a una comunidad sobre un proyecto autorizado desde 2007, en operación continua desde hace 14 años. No se trata de una inversión por venir, sino de una que ya existe, que ya generó empleos y que ya paga tributos. ¿Cómo se consulta lo que hace más de una década funciona a la vista de todos? El discurso oficial invoca reparación histórica; el efecto práctico es otro. Sin ley general de consulta previa ni reglamento del Convenio 169, el Ejecutivo conserva la consulta como moneda de negociación política, caso por caso. Cada proyecto se vuelve rehén de la discrecionalidad.
Cuando el gobierno cambia las condiciones después de que el inversionista comprometió su capital, destruye lo esencial: la confianza en que la ley de hoy seguirá rigiendo mañana. En nada se diferencian las acciones del gobierno central de lo que intentó hacer el alcalde de Mazate con la Xochi. Guatemala ocupa la posición 110 de 149 países en el índice global de Estado de derecho para los negocios, por debajo de Honduras y El Salvador. Atacar la certeza jurídica de un proyecto en marcha empeora ese cuadro. ¿A quién beneficia ahuyentar la inversión?
En nada se diferencian las acciones del gobierno central de lo que intentó hacer el alcalde de Mazate, hace unas semanas, con la Xochi.
La omisión de la consulta del Convenio 169 fue una falla del gobierno, no del inversionista. Tratar de corregirlo de la peor manera solo puede ser muestra de ignorancia o de mala fe. Un acuerdo ministerial ocupa el rango más bajo de la pirámide normativa; pretender regular por esa vía un derecho constitucional, con efecto retroactivo sobre un proyecto consolidado, invierte la jerarquía de las normas. El problema no es la comunidad ixil; es un Ejecutivo que pretende legislar por acuerdos.
A los gobernantes, por supuesto, esas minucias les tienen sin cuidado. Les importa quedar bien con sus votantes. No les importa si el mensaje que envían a quienes evalúan invertir en energía, minería o infraestructura es que aquí las reglas cambian según convenga al gobierno de turno. La inversión extranjera directa proyectada para 2026 ronda los US$2 mil millones —una cifra que podría ser mucho mayor—. Cada golpe a la certeza jurídica es capital que no llega, empleo que no nace, pobreza que no se combate. Quizá el cálculo sea, precisamente, dejar más pobres sobre los cuales enseñorearse.
La CC acertó al amparar a la hidroeléctrica frente a este abuso. Revelador resulta que las magistradas afines al oficialismo votaran en contra —a favor de sostener la consulta retroactiva—. El voto concurrente de Molina Barreto inquiere sobre el tema central del asunto: si un acuerdo ministerial es la forma adecuada para regular algo que la propia Corte dejó en manos del legislador. No lo es. Ahora la Corte deberá resolver la inconstitucionalidad promovida por las cámaras. Y espero que expulsen definitivamente el acuerdo del ordenamiento jurídico.
Debemos recordar que el propósito de la Constitución es limitar el poder de los gobernantes. Y es nuestra obligación, como ciudadanos, exigir que los gobernantes respeten la Constitución, que ningún funcionario reescriba las reglas después del partido y que la propiedad y la inversión gocen de reglas estables. Guatemala no necesita más discrecionalidad ministerial; necesita una ley general de consulta, aprobada por el Congreso, conocida de antemano e igual para todos. Lo demás es capricho disfrazado de justicia. Y el capricho, tarde o temprano, siempre lo pagan los más pobres.
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