Estados Unidos
EDITORIAL
Madrugón politiquero y un TSE que ya va tarde
Es demasiado pronto para permitir que el país se sumerja en mensajes confrontativos.
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Hace tres años, ya durante el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su Unidad de Medios de Comunicación, anunció que tenían acercamientos con empresas digitales como Meta —a la cual pertenecen Facebook, Instagram y WhatsApp— para capacitar a personal de la institución y representantes de partidos políticos sobre “el buen uso de las redes sociales”. Tomando en cuenta que dicha unidad fue creada en el 2016, bien podría afirmarse que ya iban tarde en cuanto a tal formación.
La campaña anticipada es una vorágine de mensajes que promocionan, de forma tácita o explícita, a ciertas figuras, fuera del período de convocatoria de elecciones. En este mismo espacio lo hemos venido señalando y exhortando al TSE a lanzar un apercibimiento a las organizaciones, a sus directivas y a sus delfines para informar los criterios que utilizarán para sancionar las transgresiones a la veda de propaganda, que cesa el 22 de enero del 2027, cuando se convoque a elecciones.
A través de perfiles supuestamente personales o comunitarios y de fanpages informativas sin sede física, se multiplican los mensajes en apoyo a determinadas personas, en busca de llegar a un cargo o ser reelectas. La treta es evidente, porque no es “el partido” ni esa figura “aspirante” quienes generan el llamado, a través de preguntas, exhortativas o arengas, pero queda claro que están fuera de tiempo. La compañía Meta tiene servicios especializados para la detección y bloqueo de comunicaciones que transgredan normativas de países afiliados. En su portal “Safeguards for elections” están las opciones y medidas que dicha empresa digital puede prestar en apoyo de las democracias para frenar la desinformación o las transgresiones politiqueras.
Los entes estatales no pueden ser verificadores de esta información, pero sí pueden proveer a Meta insumos para que pueda evaluar la veracidad y oportunidad de publicaciones pagadas o gratuitas, sobre todo en el ámbito político. Esta semana, el titular de la Unidad de Medios declaró a Prensa Libre que están buscando contacto con Meta para controlar mensajes que puedan constituir campaña anticipada, lo cual lleva a preguntar si las anteriores autoridades del tribunal no tenían ya esa comunicación.
Aunque la actual magistratura apenas lleva cuatro meses en el cargo, se supone que el TSE es una institución preparada para afrontar el desafío de proveer a los guatemaltecos de un entorno partidario ordenado y de hacer cumplir la normativa electoral vigente. La experiencia institucional e incluso de antecesores puede servir para conocer los intersticios que la politiquería busca aprovechar para prácticas tales como la burlesca campaña disfrazada.
Es demasiado pronto para permitir que el país se sumerja en mensajes confrontativos, promocionales o persuasivos en favor de aspirantes. Lo más sintomático es que toda esa ralea politiquera se niega a establecer un diálogo institucional de altura para crear una agenda fundamental de compromisos y prioridades de Nación a ser puesta en práctica por cualquiera que llegue al Ejecutivo o Legislativo. No les interesa eso, sino las egolatrías vacuas, las voracidades sobre el erario y la consiguiente impunidad. Los magistrados electorales deben librarse de cualquier adeudo político por votos en el Congreso cuando fueron electos. El TSE y sus unidades sirven al pueblo de Guatemala y en este momento están dejando pasar demasiadas discrecionalidades; son ellos los supremos responsables de ponerles coto, con la ley en la mano.
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