Estados Unidos
Editorial
Lánguido resultado de caso Asalto a Salud
Solo queda emitir la condena histórica hacia todos aquellos involucrados en esta trama que impactó en el retraso o detención de proyectos hospitalarios.
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Siete años después del anuncio de hallazgos y órdenes de captura en un caso que señalaba amaños en compras, tráficos de influencias en contrataciones y plazas fantasmas en el Ministerio de Salud, entre los años 2012 y 2014, en el período de mayor predominio del extinto partido “Patriota”, por fin hubo tres sentencias contra tres exdiputados. El caso ha pasado por el anquilosado serpentín judicial, con no pocas resoluciones contradictorias, cierres de caso prácticamente exculpatorios y la siempre ominosa demora kafkiana en resolver apelaciones, recusaciones, incomparecencias que forman parte de toda ruta procesal pero cuyo retardo abona a la incertidumbre.
Son tres los diputados sentenciados, de 10 que fueron inicialmente señalados dentro de los 30 presuntos involucrados detallados inicialmente por la Fiscalía. Los indicios apuntaban a una participación de más de un centenar de personas, pero queda claro que no eran sólidos o que, a pesar de haberlos, lograron escabullirse. En varias de las abundantes desestimaciones y desvinculaciones del caso se invocó la falta de indicios suficientes, deficiencias en la investigación y contradicciones en la acusación.
Por eso, aunque exista un veredicto condenatorio, el resultado es más bien anémico, sobre todo si se toma en cuenta la inversión de recursos en este proceso y el alto costo de oportunidad para la infraestructura y provisión de servicios de salud para la ciudadanía guatemalteca. La única esperanza es que las penas impuestas funcionen como un disuasivo para cualquier dignatario o funcionario público que quiera lucrar mediante sobrecostos, contrataciones clientelares y amaños en la contratación y ejecución de todo tipo de obra pública: una verdadera plaga de nuestra era.
Los exdiputados que fueron hallados culpables de tráfico de influencias para la contratación de 11 personas en el Ministerio de Salud son Aracely Chavarría (elegida por el Partido Patriota en 2012), Ronald Arango (elegido por la alianza UNE-Gana en 2012) y Humberto Sosa (elegido por el Patriota en 2012 y que en 2014 se hizo tránsfuga al pasar al extinto Líder). A Chavarría le corresponde una sentencia de siete años y 11 meses de cárcel inconmutables; a Arango, seis años y cuatro meses inconmutables, y a Sosa, tres años y nueve meses conmutables a razón de Q100 diarios por el mismo delito.
Es necesario remarcar que esta sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo D todavía no está firme y se encuentra sujeta a los recursos de apelación que los actuales convictos ya anunciaron que interpondrán. Es imposible saber cuánto tiempo más puede pasar para que se convalide o se revierta el fallo, un proceso que podría llegar como tantos otros hasta la Corte de Constitucionalidad, instancia que en noviembre de 2025 ordenó el cierre del proceso contra siete señalados en este mismo caso y la inclusión de otro exdiputado patriotista como acusado, ordenada en 2021, pero que apenas se concretó en marzo último.
Así las cosas, solo queda emitir la condena histórica hacia todos aquellos involucrados en esta trama que impactó en el retraso o detención de proyectos hospitalarios en Baja Verapaz, Quiché, Chiquimula y Antigua Guatemala, debido al cobro de comisiones ilícitas que a su vez impactaron en la anulación de contratos o la suspensión de obras, con el correspondiente impacto en la ciudadanía. Lo peor de todo es que los dirigentes políticos que llevaron a tales personajes al Congreso han hecho total mutis sobre el caso, e incluso tienen vasos comunicantes con personajes vinculados a un saqueo que golpea a los más necesitados.
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