Guatemala
Grupos de fiscalización parlamentaria dudan de la eficacia en interpelaciones del Congreso
El juicio político al ministro de Desarrollo Social lleva año y cinco meses de duración, mientras el Congreso programó interpelaciones a otros 12 ministros.
La interpelación a Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, comenzó el 20 de marzo de 2025 y no ha terminado. Fotografía: Prensa Libre.
El gabinete del presidente Bernardo Arévalo está en manos de los diputados de oposición que solicitaron 28 interpelaciones, pero la táctica de fiscalización no es la más eficaz, al menos eso opinan grupos de monitoreo parlamentario.
Las organizaciones que integran Congreso Eficiente, así como los analistas del Observatorio Legislativo, creen que la interpelación ha sido mal utilizada en las legislaturas, convirtiéndose en una herramienta de “chantaje político”.
Ahora, mientras el Congreso dedica cada jueves desde el 20 de marzo del año pasado a la interpelación de Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, ya se programaron otras 28 interpelaciones.
En total, junto al juicio político contra Pinto, 13 de los 14 ministros de Estado tienen pedido para interpelación, solo queda fuera el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.
Del grupo de funcionarios pedidos ante el pleno del Congreso, destaca Norma Lissette Zea Osorio, ministra de Comunicaciones, quien acumula siete pedidos para interpelación.
La funcionaria ha sido criticada por distintos diputados, oposición y antiguos aliados, por no llegar a las citaciones de bancadas y comisiones legislativas, siendo la última alternativa el llamado constitucional a interpelación.
Pero no es la única funcionaria del Ejecutivo que estaría evadiendo los controles parlamentarios, ya que otros ministros también reportan más de una interpelación en agenda.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, tiene cinco interpelaciones; la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, cuatro; Patricia Orantes, de Ambiente, tres; y la ministra de Economía, Gabriela García, dos.
Mientras que los titulares de Gobernación; Educación; Defensa; Cultura; Relaciones Exteriores; Finanzas; y Agricultura, cada uno tiene una interpelación en agenda.
Las solicitudes de diputados no habían sido tramitadas y fue necesario que la Corte de Constitucionalidad (CC) diera una orden por un amparo solicitado por Lourdes Teresita de León, subjefa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin resultados
Para Fernando Bon, investigador de Congreso Eficiente, la interpelación busca los mecanismos de fiscalización y control entre dos poderes de Estado, pero cree que no se ha utilizado de la manera adecuada.
“Es preocupante cómo se ha mal utilizado la herramienta de la interpelación. En la alianza hemos sostenido que el rol de fiscalización de los diputados es necesario en los pesos y contrapesos de una república, el problema es cuando se utiliza de mala manera”, indicó.

Según él, se está perdiendo uno de los dos días en que los diputados tienen previsto sesionar, y se mina la producción legislativa; además de que los resultados desde el Ejecutivo también se ven afectados.
“Esto representa que están arraigados porque no pueden salir. Tenemos ministros que van a ver obstaculizada su función como ministros de Estado, la cantidad de interpelaciones son muchas cuando hay más 150 citaciones por mes”, según los datos de Congreso Eficiente.
Los costos en eficiencia no pasan factura solo al Ejecutivo, ya que el Congreso también pierde horas de trabajo, por lo que estima necesario que se agilice la forma en que serán cuestionados los ministros.
“El Congreso podría sesionar una vez más por semana, pero tampoco es una solución, lo que debe de haber es una interpelación efectiva que no dure más de dos o tres sesiones, no pueden ser ineficientes”, resaltó.
Organismos paralizados
Para Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, algunos diputados están mal utilizando una buena herramienta, lo que pone en duda su funcionalidad cuando se afectan los resultados de dos poderes de Estado.
“Los diputados están en el ejercicio de un derecho, pero debería de haber una proporcionalidad. No es solo una parálisis en el Ejecutivo sino también en el Congreso, porque impide discutir leyes importantes para el país”, explicó.

Para Solórzano, los ministros podrían delegar parte de sus tareas a los viceministros o al equipo técnico para responder, pese a la obligatoriedad de sus ministros de acudir al Congreso.
“Si bien un ministro es la máxima autoridad, hay más personas dentro del ministerio. Lo que sí podrían hacer es que esto no sea lo más eficiente, hay asesores y viceministros, deben de hacer una delegación interna que les permita trabajar”, dijo.
El analista concluyó que el más afectado con este pulso entre Congreso y Presidencia, es la ciudadanía. “Es un abuso o un chantaje político y estamos desperdiciando recursos públicos en estas sesiones que se quedan estancadas, esto no se traduce a resultados para la población”.
Acudirán al Congreso
El presidente Bernardo Arévalo criticó, en una rueda de prensa del pasado lunes, a los diputados que promueven las interpelaciones, considerando que se trata de un chantaje la medida de presión contra sus funcionarios.
“Es un abuso del recurso de interpelaciones, quieren parar el trabajo del Ejecutivo, quieren causar molestias quieren usar este recurso para extorsionar al organismo Ejecutivo”, cuestionó el mandatario.

Fue claro en que los ministros convocados van a ir a las citas ante el pleno del Congreso, pero no dejó de recordar que los titulares de los ministerios verán afectada su agenda de trabajo y posibles negociaciones de índole económica a favor del país porque deben permanecer a disposición del Legislativo.
“Eso quiere decir que si hay una nueva ronda de negociaciones económicas con los Estados Unidos por el tema de aranceles, no vamos a poder enviar a nadie, porque esas negociaciones se llevan a cabo a nivel ministerial, no a nivel inferior”, dijo.
Entre el paquete de ministros interpelados también figura el canciller quien tampoco podría representar al país en temas de política internacional, destacó el presidente.



