Miguel Martínez acudió ante la Corte de Apelaciones para el Circuito de Columbia para intentar revertir el fallo de la jueza federal Beryl A. Howell, quien el pasado 24 de julio determinó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuenta con evidencia sustancial para mantenerlo sancionado.

La jueza de primera instancia respaldó la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de incluir al exfuncionario guatemalteco en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), bajo la Ley Global Magnitsky, tras señalarlo de participar en supuestos esquemas de sobornos y anomalías en contratos estatales, incluida la adquisición de vacunas rusas Sputnik V, para la pandemia del Covid-19.

El trámite en la instancia de apelación comenzó con tropiezos para Martínez Morales, luego de que el tribunal de alzada rechazara su solicitud para litigar bajo la condición de pobreza (in forma pauperis) y quedar exento del pago de las tasas judiciales, tras concluir que no demostró incapacidad financiera para costear el proceso.

Asimismo, la corte fijó el 10 de septiembre del 2026 como plazo para que la defensa presente sus argumentos iniciales —como la declaración de puntos controvertidos— y suspendió provisionalmente el cronograma de escritos de fondo, por lo que aún no hay fecha para la resolución final de la apelación.

En paralelo, el tribunal advirtió a su defensor, el abogado Alexei Schacht, que tiene hasta esa misma fecha para tramitar su incorporación obligatoria a la barra de abogados del Circuito de Columbia o justificar si continuará representando a Martínez Morales en este proceso. La apelación podría ser desestimada si no se cumple el requisito reglamentario.

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La permanencia en la Lista SDN implica el bloqueo de bienes y cuentas bancarias del sancionado bajo leyes estadounidenses, además de la prohibición de efectuar transacciones comerciales con ciudadanos, bancos o empresas de ese país.

En la práctica, esta sanción genera la exclusión de la persona del sistema financiero internacional y de la banca local, que cierra de forma preventiva cualquier relación comercial para evitar penalizaciones del gobierno estadounidense.

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