La detección de lavado de dinero en Guatemala superó los Q10 mil 265 millones de enero a agosto, mientras a partir de hoy entra en vigor la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026), cuyo reglamento aún está pendiente de emisión.

La actualización de las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de agosto pasado da cuenta de que el monto denunciado al Ministerio Público por lavado de dinero es de Q10 mil 265 millones, lo que equivale a un promedio mensual de Q1 mil 283 millones.

El monto denunciado por la IVE representa una disminución del 22% con respecto al informe del 31 de agosto del 2025, cuando los recursos ilícitos detectados en el sistema sumaron Q13 mil 236 millones.

Los casos están relacionados con extorsión, narcotráfico, corrupción y otras tipologías criminales identificadas por los analistas de la IVE, quienes les dan seguimiento cuando se activan los reportes de transacción sospechosa (RTS).

En el 2025, el monto denunciado al Ministerio Público por la IVE fue de Q15 mil 967 millones.

Con la entrada en vigor de la ley se establece un mismo marco jurídico para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT). Guatemala está a cinco meses de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

IVE presenta 217 denuncias por lavado

El reporte de la IVE indica que, hasta el 31 de agosto, la cantidad de involucrados en el monto denunciado a la Fiscalía era de mil 631, mientras que en el mismo período del año pasado era de mil 846.

En reiteradas ocasiones se ha explicado que en un mismo expediente pueden incluirse más personas, según los análisis de los movimientos financieros, que muchas veces necesitan una ampliación.

La IVE ha presentado 217 denuncias al MP en los primeros ocho meses del 2026, mientras que el año pasado fueron 207.

Con la información que proporciona la IVE, la Fiscalía debe continuar con las investigaciones.

Guatemala refuerza controles antilavado

Mientras la IVE actualizó la información oficial relacionada con el lavado de dinero, hoy entra en vigor la ley para prevenir y detectar operaciones de lavado, pero aún está pendiente el reglamento del Decreto 15-2026, que busca reforzar los mecanismos contra este delito.

Además, Guatemala moderniza el marco jurídico para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT), ya que está próxima la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

IVE alista propuesta de reglamento antilavado

Juan Carlos Monroy Véliz, titular de la IVE, declaró en la II Convención Financiera y Empresarial, que llevó a cabo recientemente la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), que desde que se aprobó la ley, el pasado 17 de junio, la Superintendencia de Bancos comenzó a generar incidencia y a trabajar en el contenido del reglamento.

Recordó que, con la entrada en vigor de la ley el 17 de septiembre, se tiene un plazo de seis meses para que el Ejecutivo apruebe el reglamento, cuya fecha límite es el 17 de marzo del 2027. Sin embargo, durante la Convención, el intendente hizo un anuncio oficial.

“La tranquilidad que también quiero transmitir es que desde la Superintendencia de Bancos hemos avanzado en gran medida en la elaboración de ese reglamento. De esa cuenta, es que ha sido ya socializado con muchos de los representantes que acá están presentes. Hemos recibido comentarios, nos encontramos en esa fase de revisión de los comentarios que nos hicieron llegar y la meta que tenemos, que ya hemos conversado con la Secretaría General de la Presidencia, también es poder presentar la propuesta de reglamento al Ejecutivo, quien será el encargado de aprobarla, y nosotros, la meta que tenemos con ellos es presentarlo a finales de este mes de septiembre”, expuso.

Monroy Véliz afirmó en la Convención que el proceso de aprobación le corresponderá a la Secretaría General de la Presidencia: “Pues continuar con esos pasos, pero como institución encargada y que la ley nos demanda a nosotros elevar esa propuesta de reglamento, tenemos como 30 de septiembre”.

Es decir, la SIB y la IVE presentarán la propuesta a más tardar el 30 de septiembre.

Sector financiero espera reglamento antilavado

José Guillermo López, presidente de la CFG, destacó que la implementación de la ley y el reglamento coincidirá, por única vez, con el cambio de las autoridades de la SIB y de la IVE, por lo que uno de los retos para las autoridades que asuman será afrontar la próxima evaluación internacional del Gafilat.

Recordó que no solo es un proceso que involucra a la SIB, sino también a todas las entidades supervisadas y a otras instituciones con la nueva ley.

“La ley cobra vigencia el 17 de septiembre y la SIB está evaluando tener el reglamento correspondiente para finales de este mes. Eso es importante, porque a la par de todo esto existe una normativa prudencial y en eso ellos están trabajando fuertemente para que estos analizados, discutidos y que puedan reforzar a la ley que queda vigente”, puntualizó.

López adelantó que, según las reuniones sostenidas con las autoridades supervisoras, el reglamento está orientado a cumplir con lo indicado en la ley. Con base en ello, las entidades financieras ya presentaron las observaciones, que se están analizando para incorporarlas y contar con un instrumento viable que se pueda utilizar lo antes posible.

Reglamento dará certeza a nueva ley

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República y uno de los ponentes de la ley, señaló que con la implementación del reglamento se espera brindar certeza y claridad sobre la forma en que se aplicarán en la práctica las nuevas disposiciones de la Ley de Lavado de Dinero.

“El reglamento deberá establecer los procedimientos, controles y criterios técnicos que deberán observar los sujetos obligados. Esto permitirá una aplicación más uniforme de la normativa y fortalecerá los mecanismos de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas”, apuntó.

Agregó que el principal desafío será facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones sin generar incertidumbre para los sectores involucrados.